En su 49º período de sesiones, que se celebra del 11 al 14 de 2021, el Comité de Seguridad Alimentaria recibe el informe que en los dos últimos años ha venido elaborando el Grupo de Alto Nivel de Expertos sobre la partición de los jóvenes en el sistema alimentario.
Desde hace tiempo, antes incluso de la pandemia de la COVID-19, los jóvenes crecen en un mundo que no va camino de alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativas a la seguridad alimentaria, un mundo donde un tercio de la población sufre al menos una forma de malnutrición. Las desigualdades mundiales perduran y crecen y se observa una preocupación creciente por la crisis del empleo juvenil que afecta tanto a los sistemas agrícolas y alimentarios como a otras esferas. Esta fragilidad tiene profundas consecuencias en el ejercicio del derecho humano a la alimentación, al empleo, a un entorno saludable y al bienestar general, no solo por parte de la juventud sino de todas las generaciones.
En el informe se articula un marco conceptual para entender el papel de la juventud como agentes del cambio en la transformación de los sistemas alimentarios y se analizan temas de políticas concretos, como el empleo, los recursos, el conocimiento y las innovaciones, a fin de formular recomendaciones para incrementar la participación juvenil en los sistemas alimentarios y contribuir al logro de las metas del ODS 2 y de la totalidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Los sistemas alimentarios son el principal empleador de jóvenes, en especial en el Sur mundial, pero no suelen proporcionar trabajos dignos y significativos ni oportunidades de subsistencia adecuadas, ni conservan el equilibrio entre las necesidades y los derechos de generaciones diferentes. Por ello, los enfoques y las políticas con miras a incrementar la participación y el empleo juveniles en los sistemas alimentarios deben basarse en cuatro pilares, a saber, los derechos, la equidad, el arbitrio y el reconocimiento.
La juventud necesita ayuda para acceder a la tierra, el agua, los bosques, la mano de obra, el conocimiento, la información, la extensión agrícola, la financiación, el crédito, los mercados, la tecnología y las instituciones de apoyo en aras de la transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles.
Para hacerse realidad, la transformación necesaria para disfrutar de sistemas alimentarios sostenibles en la próxima generación debe basarse en el arbitrio, los derechos, la equidad y el reconocimiento de los jóvenes en cuanto agentes del cambio en todas las dimensiones de los sistemas alimentarios. Para muchos países con niveles elevados de desempleo juvenil y privación de derechos, las inversiones en recursos, conocimiento y competencias encaminadas a abordar los desafíos estructurales que afrontan los jóvenes constituyen la mejor opción para lograr los ODS y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en conjunto. Sin embargo, a fin de aprovechar con eficacia las competencias y las energías de la juventud para crear sistemas alimentarios sostenibles se precisarán grandes esfuerzos con miras a redistribuir el poder necesario para transformar las relaciones y condiciones sociales, políticas y económicas vigentes en los países y entre ellos ya que, con frecuencia, las dificultades de acceso a los recursos, la educación y el trabajo digno son el resultado de marcos jurídicos inadecuados y de la falta de movilización de recursos y compromiso suficientes en los planos nacional e internacional.
La participación y el empleo juveniles en sistemas alimentarios sostenibles representan una meta por alcanzar y, al mismo tiempo, un medio para transformar de manera radical los sistemas alimentarios, alcanzar los ODS y lograr economías del bienestar. En este sentido, en el informe se destaca la necesidad de promover el papel central de los derechos humanos, y en especial de los derechos a la protección, la no discriminación, la participación, la alimentación, la educación y el trabajo digno, como principios centrales de un entorno normativo propicio para la juventud.
Cada capítulo del informe pone de relieve esferas de políticas específicas en las que se pueden ejecutar intervenciones capaces de impulsar la participación y el empleo juveniles en favor de transformaciones radicales de los sistemas alimentarios. Se precisan medidas normativas en el continuo urbano-rural para garantizar el derecho básico al empleo; el acceso a los recursos naturales y productivos, el conocimiento y la educación; y el apoyo a los jóvenes para permitirles concebir y poner en práctica sus propias iniciativas tanto individuales como colectivas.
