En su último informe al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, muestra cómo preparar planes de acción nacionales sobre el derecho a la alimentación dentro de los presupuestos existentes, que puedan transformar los sistemas alimentarios y hacer efectivo, de forma progresiva, el derecho a la alimentación.
Ante la crisis mundial de la deuda, la elevada inflación y los altos precios de los alimentos, muchos países se enfrentan a la disyuntiva imposible de alimentar a la población o pagar la deuda. Emplear fondos públicos para garantizar que la población tenga acceso a una alimentación adecuada puede hacer que un Gobierno se retrase en el pago de su deuda y se agraven con ello los choques financieros; si se opta, en cambio, por pagar la deuda, se genera más hambre y malnutrición. Esto implica que el actual sistema internacional de financiación obstaculiza de manera inequívoca la capacidad de los Gobiernos para cumplir sus obligaciones con respecto al derecho a la alimentación. En el informe, el Relator Especial sugiere cómo podrían lograrse mejoras significativas en los sistemas alimentarios —y las condiciones necesarias para la transformación— rediseñando los presupuestos públicos.
El derecho a la alimentación implica, entre otras cosas, el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Durante al menos los últimos 70 años, el hambre, la malnutrición y la hambruna siempre han sido consecuencia de las acciones e inacciones políticas y no de la escasez de oferta de alimentos como tal.
El relator especial recuerda que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, en su art. 11, varios elementos esenciales para la efectividad del derecho a la alimentación:
- La cooperación internacional: Desafortunadamente, la cooperación internacional, derivada de acuerdos comerciales o a través de proyectos de desarrollo que fomentan la producción industrial de alimentos, ha incrementado las relaciones de dependencia en los sistemas alimentarios mundiales dentro de los países y entre ellos. En lugar de ello, la cooperación internacional debe entenderse como un medio para aumentar la solidaridad internacional y la soberanía alimentaria.
- La mejora de la producción y la conservación de alimentos: Las políticas de mejora de la producción no han contribuido claramente a la garantía del derecho a la alimentación. A pesar de la asombrosa escala de la producción industrial de alimentos y de su devastador costo para el planeta, una de cada 11 personas pasa hambre hoy en día, mientras que un tercio de la producción mundial de alimentos se pierde o se desperdicia. Urge cambiar drásticamente la forma en que se producen los alimentos. La mejora de la producción debe implicar mejora cualitativa y sostenibilidad, protección de la biodiversidad y los ecosistemas. La agroecología aparece como un camino fundamental en este sentido.
- Los conocimientos: Los conocimientos técnicos y científicos tomados de forma aislada han demostrado sus limitaciones. En la actualidad se reconoce que los conocimientos técnicos y científicos deben integrarse en los sistemas de conocimientos tradicionales e indígenas para permitir una comprensión amplia de todo el abanico de elementos de salud y nutrición de los alimentos.
- La reforma de los regímenes agrarios: Hoy en día la reforma de los sistemas alimentarios no puede ceñirse a la eficacia de las explotaciones, sino que tiene que incluir cuestiones ecológicas y sociales entre sus preocupaciones centrales. La producción alimentaria debe entenderse, no como un sector de productos básicos, sino como un conjunto dinámico de relaciones sociales, culturales, ecológicas y económicas.
- El comercio equitativo: Esto implica que los mercados alimentarios no se pueden limitar a comprar y vender productos básicos. Los mercados deben ser justos y estables. Los subsidios deben reorientarse para hacer efectivos los derechos humanos. La política comercial debe entretejerse con la forma en que las personas diseñan conjuntamente los sistemas alimentarios con los diversos niveles de gobierno y en distintos territorios.
Independientemente de la forma que adopte la consagración jurídica del derecho a la alimentación en cada contexto nacional, todos los niveles de gobierno, además de las personas, las comunidades y las organizaciones, pueden asumir el derecho a la alimentación como un derecho humano internacional para elaborar un marco analítico y un plan de acción. De hecho, parte de las obligaciones de los Estados en materia de derecho a la alimentación consiste en desarrollar una estrategia nacional que aborde la producción, el procesamiento, la distribución y la comercialización de los alimentos y vele por la erradicación del hambre lo antes posible. Para ello es necesario identificar los recursos disponibles para cumplir los objetivos y la manera más eficaz de aprovecharlos en función de los costos.
Un plan nacional en el que todo el Gobierno se compromete con el derecho a la alimentación, puede generar cambios relativamente efectivos en los sistemas alimentarios. El informe presenta dos casos (Brasil y Rep. Dominicana) que ponen de relieve la importancia de la participación de todos los niveles de gobierno, no solo el nivel nacional. Entre los programas de mayor éxito figuran los de alimentación escolar y de apoyo a las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares.
La insostenibilidad y la desigualdad de los sistemas alimentarios contemporáneos contribuyen a la deuda externa. A grandes rasgos, esto se debe a cuatro factores que caracterizan a los sistemas alimentarios en su interacción con las finanzas públicas:
- El dominio del dólar hace que las naciones dependientes del comercio sean vulnerables a la economía política de los Estados Unidos de América y estén a merced de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que fija los tipos de interés.
- Durante decenios, los Gobiernos han desinvertido en agricultura y gasto social, dejando la inversión en sistemas alimentarios en manos de empresas e instituciones financieras. El resultado ha sido la limitación de la capacidad de los Estados y la transferencia de riqueza y recursos de las comunidades rurales a los sectores empresarial y financiero y de los países de ingreso bajo hacia países de ingreso alto.
- Los sistemas alimentarios mundiales contribuyen a períodos de volatilidad de precios y crisis, los llamados ciclos de auge y caída. Cuando suben los precios de los alimentos, las multinacionales utilizan su poder adquisitivo y su dominio de las cadenas de suministro para captar todas las ganancias, dejando muy poco margen a las pequeñas y medianas empresas o a los agricultores. Y, en épocas de precios bajos, muchas explotaciones agrícolas y pequeñas empresas quiebran, algo que aprovechan las grandes empresas para adquirir más tierras y empresas, consolidando aún más su poder de mercado.
- El cambio climático incrementa los costos por préstamos para los países de ingreso bajo, ya que las instituciones financieras y los prestamistas privados penalizan a las naciones vulnerables al clima con tipos de interés más altos.
Los planes de acción nacionales sobre el derecho a la alimentación requieren que se transfieran fondos de las instituciones financieras y de desarrollo internacionales. Esa financiación debe proporcionarse sin aumentar la carga de la deuda y de manera que las instituciones financieras y de desarrollo internacionales estén al servicio de los planes de acción nacionales y rindan cuentas ante los propios titulares de los derechos.
