Millones de personas de comunidades costeras y ribereñas dependen, para sobrevivir, de los pescadores en pequeña escala y de las personas que trabajan en el sector pesquero. Por ello, en su primer informe de 2024, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación se centra en este colectivo que sufre en primera línea los efectos del cambio climático.
A pesar de las advertencias de los peligros de la sobrepesca que se vienen dando desde hace más de siglo y medio, en los últimos 50 años la sobrepesca se ha triplicado: actualmente un tercio de las pesquerías del mundo se explotan más allá de sus límites biológicos y el 60 % se encuentran al borde de su capacidad.
En el último siglo, la biomasa mundial de grandes peces depredadores que son objeto de captura ha disminuido en dos tercios. Una tercera parte de los peces de agua dulce está en peligro de extinción debido a la sobreexplotación, la contaminación y la destrucción de sus hábitats. La sobrepesca no solo supone un peligro para el medio ambiente, sino que atenta contra la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de miles de millones de personas. Además, la pandemia de COVID-19 afectó gravemente al sector pesquero.
La pandemia, el cambio climático, la contaminación y la sobrepesca están afectando de un modo brutal a los pescadores en pequeña escala, los trabajadores del sector pesquero y sus comunidades. La pesca a pequeña escala representa el 90 % del empleo mundial en la pesca de captura y, de los 92 millones de toneladas de pescado que se capturan anualmente, el 40 % procede de pescadores en pequeña escala.
Pese a todo ello, los gobiernos, las organizaciones internacionales y las empresas siguen en muchos casos marginando o ignorando a los pescadores en pequeña escala y los trabajadores del sector pesquero en el diseño y la ejecución de planes relacionados con el medio ambiente y el comercio. Estos ven a menudo vulnerados sus derechos humanos a través de la explotación o la exclusión de las aguas territoriales a consecuencia de la actividad de las flotas pesqueras industriales y la acuicultura a gran escala que abastecen a los compradores mundiales de productos del mar.
Según el relator especial Michael Fakhri:
- Las políticas deben pasar a centrarse en las necesidades y dificultades de la pesca en pequeña escala, que es un elemento integral de la recuperación de la pandemia en gran parte de los países y de la transformación del sistema alimentario, a fin de contrarrestar la supremacía de las grandes flotas industriales sobre las medidas de ordenación pesquera y los intereses políticos.
- Los arreglos regionales de ordenación pesquera deberían incorporar enfoques basados en los derechos humanos en sus actividades, lo que incluye garantizar la participación significativa de los pescadores en pequeña escala, los trabajadores del sector pesquero y los Pueblos Indígenas.
- Los Estados deben proteger los ecosistemas relacionados con el agua, como las montañas, los bosques, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos, frente al uso excesivo y la contaminación por sustancias nocivas, y restaurarlos reconociendo la coexistencia inherente de los pescadores y la naturaleza.
- Los Estados deberían elaborar planes de acción nacionales para la pesca en pequeña escala y velar por que sean un elemento integral de las estrategias nacionales sobre el derecho a la alimentación.