
Tras un proceso preparatorio de casi un año, liderado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que transmitió en inicio una imagen de apertura y participación en este proceso, el proyecto de ley que finalmente ha aprobado el Consejo de Ministros no parece haber aprovechado la mayor parte de las propuestas y reclamaciones de muchos actores sociales, que han participado muy activamente; se han introducido cambios más alineados con los intereses empresariales. Ni siquiera los señalamientos realizados a final de mayo por el Consejo Económico y Social en su dictamen sobre el texto del proyecto han sido tenidos en cuenta.
Una rápida revisión al texto del proyecto hace surgir diversos motivos de preocupación.