Las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional fueron redactadas y aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en 2004 y son uno de los marcos generales para su trabajo. La responsabilidad de implementar las Directrices corresponde principalmente a los Estados. Con la contribución de todas las partes interesadas, se les anima a aplicarlas al desarrollar sus estrategias, políticas, programas y leyes para alcanzar los objetivos en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Las Directrices tienen en cuenta un amplio abanico de consideraciones importantes y principios de derechos humanos (participación, rendición de cuentas, no discriminación, transparencia, dignidad humana, empoderamiento y estado de derecho) para orientar las actividades destinadas a mejorar la seguridad alimentaria, contemplando la necesidad de prestar especial atención a las poblaciones pobres y vulnerables.

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial invita a compartir experiencias y buenas prácticas sobre la utilización y aplicación de las Directrices voluntarias. Entre los ejemplos se incluyen, por ejemplo, las intervenciones para incorporar el derecho a la alimentación en los marcos jurídicos y normativos, el establecimiento de un mecanismo participativo para regir las decisiones sobre políticas alimentarias, la creación de mecanismos públicos que pongan remedio a las violaciones del derecho a la alimentación, las iniciativas de formación para desarrollar la capacidad de la sociedad civil, los abogados o los funcionarios gubernamentales para utilizar y aplicar las directrices, las iniciativas para supervisar el ejercicio del derecho a la alimentación a nivel local, nacional o regional.