En el año 2015 se celebró la I Conferencia contra el Hambre en Madrid. Fruto de esta iniciativa, se formalizó un Pacto contra el Hambre con la finalidad de situar en la agenda política el problema de la malnutrición y la desnutrición en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid.

Transcurridos dos años desde la firma del Pacto, conviene seguir pensando en la necesidad de abordar de raíz el problema de la insolvencia alimentaria que afecta a muchas familias de nuestras ciudades. La II Conferencia quiere poner el acento en el papel de los municipios y la necesidad de impulsar un marco legal concreto que refuerce el reconocimiento del derecho a la alimentación como un derecho básico y fundamental que tienen todas las personas a una alimentación suficiente y apropiada y contemplar ese derecho dentro de las políticas públicas. Los Ayuntamientos han abordado desde diferentes perspectivas ese derecho pero no es suficiente para mejorar la atención a las necesidades alimentarias de la población. Un marco legal apropiado y una metodología común para poder aplicar este derecho con la participación de los afectados podrían ser herramientas imprescindibles para superar las dificultades de alimentación de muchas personas que viven en nuestras ciudades.