La UE se ha adentrado en un terreno pantanoso de difícil salida con su promesa de lograr para 2020 que el 10% del carburante que utilicen los Veintisiete sea biocombustible. La subida del precio de los cereales o la deforestación de la selva tropical son sólo algunos de los desastres que se vaticinan. De momento, el proyecto de directiva sobre energías renovables que la Comisión Europea pondrá sobre la mesa el próximo 23 de enero -dentro de un paquete legislativo más amplio de lucha contra el cambio climático- establece estrictos condicionantes ecológicos para los biocombustibles que lleguen a la UE, así como un sistema de certificación mediante el cual se garantice el ahorro de emisiones de dióxido de carbono. Entre los criterios estipulados en el borrador de la propuesta legislativa -al que ha tenido acceso este diario- se establece que los biocombustibles no podrán proceder de materias primas obtenidas de tierras que hasta enero de 2008 fueran "bosques en los que no haya habido actividad humana significativa" o "áreas protegidas, a no ser que se certifique que la producción de biocombustible no interfiere en la protección ambiental".
Tampoco podrán proceder las materias primas de humedales, bosques -entendidos como áreas de más de una hectárea con árboles de más de cinco metros de altura- o praderas y tierras utilizadas para pasto durante los últimos 20 años. Los países de la UE que importen biocombustibles exigirán a sus suministradores garantías de que la mercancía cumple los requisitos que establece la ley. Un comité de expertos de la UE vigilará que se cumplan estos requisitos.
El texto, sin embargo, aún podría sufrir modificaciones, fruto del intenso debate que ha generado el dilema de los biocombustibles. A pesar de que la propuesta legislativa no contempla las consecuencias sociales o económicas que puede tener la producción masiva de combustibles en los países en desarrollo, el portavoz europeo de Energía, Ferran Tarradellas, aseguró ayer que "la Comisión tendrá en cuenta criterios de sostenibilidad social y ambiental a la hora de importar biocombustibles de países en desarrollo".
Ante la renovada presión de las ONG, que el viernes pasado se dirigieron al comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, para alertarle de los peligros de "la producción a gran escala de biocombustibles en la población más empobrecida del planeta", Tarradellas reconoció las dificultades que plantea el objetivo del 10% para 2020 que se han marcado los Veintisiete, pero insistió en que el compromiso es inamovible. Y añadió: "Lo haremos de manera que no cause daños o, al menos, menos daño que si utilizáramos combustibles fósiles para conseguir el mismo objetivo", agregó.
Pero fuera de micrófono, fuentes comunitarias reconocen que esta cuestión está provocando un debate intenso en el seno de la Comisión, y que de momento no hay acuerdo sobre cómo conciliar los objetivos ambientales sin causar estragos en las economías de los países en desarrollo.
"Estamos preocupados. Lo que no puede ser es que para que nosotros reduzcamos nuestras emisiones de CO2, tengamos que empeorar la situación de la gente, como en México, y provocar una subida del precio del maíz", explica la misma fuente. Desde hace meses se repiten las protestas por la carestía de los alimentos en distintos países de América Latina, África y Asia. Ayer en Bangladesh hubo 30 heridos en enfrentamientos entre policías y trabajadores del sector textil que reclamaban alzas salariales.
La polémica en Bruselas coincidió con la publicación ayer de un informe de la Royal Society británica. Sus científicos piden que se investigue con mayor profundidad las consecuencias del uso de biocombustibles. "Los biocombustibles juegan un papel importante en la reducción de emisiones del transporte", indicó John Pickett, coordinador del estudio. "Pero sería desastroso si la producción de biocombustibles incrementara la penetración en los ecosistemas naturales", añadió. "No debemos crear nuevos problemas sociales o ambientales en nuestros esfuerzos por combatir el cambio climático".