Una sentencia calificada de histórica obliga a las instituciones a adoptar medidas para garantizar la alimentación de la niñezSegún noticia difundida por EFE, una campaña impulsada por una coalición de organizaciones no gubernamentales presentó en noviembre de 2011, en representación de cinco familias pobres de la comunidad de Camotán, en el departamento de Chiquimula (oriente), una demanda en contra del Estado por no garantizar el derecho de alimentación a que le obliga la Constitución.
El juzgado de la Niñez de Zapaca, a 180 kilómetros al noreste de la capital de Guatemala, condenó a final de mayo al Estado por no garantizar el derecho a la alimentación de estas cinco familias pobres del país y ordenó a una veintena de instituciones promover acciones inmediatas para proteger a los afectados.
La sentencia condena al Estado de Guatemala por los delitos de incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones afectadas, así como de omisión por no proteger a los niños al no garantizar su derecho a la alimentación.
En respuesta, Luis Enrique Monterroso, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, declaró ante medios locales que "esta condena histórica será asumida por el Estado"; aunque la demanda fue promovida en contra del Gobierno anterior, la Administración actual, por medio de los programas sociales que tienen como objetivo reducir los altos niveles de pobreza, dará respuesta a las poblaciones afectadas.
Los demandantes expusieron que, debido a los niveles de pobreza extrema que padecen por la falta de oportunidades de empleo y asistencia social de parte del Gobierno, sus hijos padecen de desnutrición severa y se encontraban en peligro de muerte por la falta de alimentación.
Una de las activistas implicadas en la demanda explicó que ha sido un litigio de año y medio, y que basaron la demanda en la Ley de Protección de la Niñez, que obliga al Estado a garantizar el bienestar de los niños. La sentencia se encuentra firme, y si los funcionarios encargados se niegan a cumplir, la Fiscalía los deberá procesar por desacato.
En Guatemala, según cifras oficiales, el 52 % de sus 14,5 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza, y de estos, el 20 % está en pobreza extrema, lo cual ha provocado que uno de cada dos niños menores de cinco años padezca de desnutrición crónica.
En su sentencia, el Juzgado ordenó a las instituciones del Estado encargadas de velar por el bienestar de los ciudadanos, impulsar de manera urgente acciones para atender las necesidades de la población vulnerable y garantizar el goce de sus derechos, principalmente el de la alimentación.
También les obliga a generar oportunidades de empleo, salud y educación, así como políticas públicas que doten a las comunidades de los servicios básicos.