El gobierno de Bolivia ha aprobado la Ley de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural que regula la alimentación complementaria escolar y promueve la economía social por medio de la compra de alimentos de proveedores locales, estableciendo vínculos directos con la agricultura familiar y articulándose con políticas de seguridad alimentaria nutricional.
Así, esta ley considera las características productivas y alimentarias de las comunidades bolivianas para la composición de menús nutricionalmente completos y adaptados a la cultura tradicional y la producción local. Además vela por la inocuidad de los alimentos suministrados a los menores y, entre otras medias, prohíbe la adquisición de productos transgénicos para ser administrados en las unidades educativas.
En el año 2007 se conformó una mesa de Alimentación Complementaria Escolar (ACE), creada por el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN), cuando se inició el debate sobre la necesidad de tener un marco normativo que universalizara la alimentación complementaria escolar de calidad. En esta mesa se elaboró el primer anteproyecto de la Ley de Alimentación Escolar que fue entregado al Frente Parlamentario por la Soberanía Alimentaria Vivir Bien del país, para su desarrollo posterior. Este Frente Parlamentario forma parte de los 15 capítulos nacionales que forman parte del Frente Parlamentario contra el Hambre de ALC, una plataforma regional de legisladores que se esfuerzan en erradicar la subalimentación y la malnutrición y que están comprometidos con la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, asumido en el 2005 durante la Cumbre Latinoamericana sobre Hambre Crónica.
Esta ley ha sido impulsada también por la FAO que ha cooperado con los países de la región en el apoyo técnico y discusión, a través tanto del Programa de Cooperación Internacional con el apoyo del Gobierno de Brasil para promover la alimentación escolar en esta región, como de los proyectos “Integrar el Derecho a la Alimentación Adecuada y la Buena Gobernanza en las Políticas, Legislación e Instituciones Nacionales” y “Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre”, financiados respectivamente por Noruega y la Cooperación Española.
Bolivia se suma a los esfuerzos de la región para combatir el hambre. Brasil y Paraguay ya tienen leyes específicas sobre la alimentación escolar y El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua tramitan iniciativas para aprobar una ley como la boliviana.
Un estudio de la FAO en ocho países de ALC ha constatado que estos programas no sólo tienen relevancia en términos de protección social, garantía de seguridad alimentaria nutricional y progresivo cumplimiento del derecho humano a la alimentación, sino que también incentivan la permanencia en la escuela y un mejor aprendizaje.
Este mismo estudio señala como factores de éxito claves para la adecuada implementación de los programas ACE el compromiso de los diversos actores públicos y privados implicados, la existencia de mecanismos de control social, la dotación de recursos públicos, la existencia de marcos normativos claros, la adecuación a la cultura alimentaria y oferta de productos locales, la incorporación de una perspectiva multisectorial y articulación a políticas de seguridad alimentaria nutricional, salud y educación.