La directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en su mensaje con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, ha destacado la importancia de involucrar a las mujeres en la formulación de políticas para terminar con prácticas discriminatorias y asegurar el bienestar de sus familias.
Las mujeres rurales tienen un papel fundamental tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, donde aproximadamente suponen el 43% de la mano de la obra agrícola y en los que se estima que producen alrededor del 60 % de los alimentos. Las mujeres aseguran la disponibilidad, acceso y estabilidad de alimentos para el grupo familiar mediante la realización de diversos roles en el complejo sistema agro-alimentario, que van desde la producción y recolección de alimentos, hasta el procesamiento, almacenamiento y comercialización de la producción agropecuaria. Son las que más aportan a la alimentación familiar, pero, a pesar de ello, podríamos hablar de “feminización del hambre” ya que se estima que el 70% de los casi 800 millones de personas que viven en situación de inseguridad alimentaria son mujeres y niñas.
Sufren además una discriminación en el acceso a los recursos productivos. El 95% de los servicios de extensión agrícola está dirigido a los hombres y sólo el 15% de los agentes de extensión agrícola son mujeres. Y tienen un muy limitado acceso a la propiedad de la tierra: el promedio mundial es de un 20% en manos de las mujeres, aunque existen grandes variaciones y en algunos países, incluso, la legislación todavía las excluye de esta posibilidad, lo que dificulta enormemente su acceso a los canales oficiales de financiación (las mujeres sólo acceden al 10% del crédito agrícola).
En la Agenda 2030, aprobada el pasado mes de septiembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los países firmantes adquieren, entre otros compromisos, el de “emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes…” Lograrlo supondría para todas las mujeres y, en particular, para las mujeres rurales un avance importante en el reconocimiento de su papel en la alimentación y en la erradicación de la pobreza y un impulso para la seguridad alimentaria ya que, si se garantizaran condiciones de igualdad a las mujeres productoras a través de reconocer su derecho a la tierra, su acceso a recursos, a crédito… la productividad podría aumentar rápidamente en un 20 ó 30%.