Este acuerdo de la FAO está destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, puesto que esto es una amenaza para los recursos pesqueros, los ecosistemas marinos y también para la economía de los pescadores legítimos. Siguiendo el espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la comunidad internacional aboga por la defensa de la seguridad alimentaria y el establecimiento de medidas orientadas a promover la sostenibilidad y la conservación del medioambiente.
Serán los Estados rectores del puerto los encargados de aplicar las medidas establecidas en el acuerdo, de modo que los buques que no cumplan ciertos requisitos que confirmen la legalidad de sus prácticas con antelación, no puedan acceder al puerto y no puedan descargar y vender el pescado capturado ilegalmente. Además, aquellos que cuyo acceso se aprobado pueden ser inspeccionados una vez en el puerto. Frente a las embarcaciones que sean sospechosas de cometer pesca ilegal, es la misión del puerto de comunicar esta información al país al que pertenece el navío.