Desde 2013, el Banco Mundial ha desarrollado su “Enabling the Business of Agriculture” (EBA), un índice pedido por el G8 para puntuar a los países en función de cómo facilitan “hacer negocios” en la agricultura. El EBA es financiado por cinco donantes occidentales, entre ellos la Fundación Bill y Melinda Gates; para diseñarlo, se solicitó la experiencia de grandes multinacionales agroquímicas (Bayer, Monsanto, Syngenta, Pioneer, Yara, entre otros) para determinar las “cargas reglamentarias” que dificultan su negocio en todo el mundo, de tal forma que el índice EBA está hecho a medida de sus intereses.
El enfoque del EBA es dictar lo que el proyecto llama "buenas prácticas" para regular la agricultura, y luego puntuar a los países en función de cómo aplican estas prescripciones. Organizaciones de la campaña Our Land Our Business señalan también que, en el sector de las semillas, el EBA preconiza la creación de derechos de propiedad intelectual para aumentar los beneficios de las compañías privadas. Recompensa con mejores puntuaciones a los países que facilitan el acceso de las empresas privadas (pero no de los agricultores) a los bancos de germoplasma nacionales. El EBA recomienda que los gobiernos reduzcan el tiempo y el costo de los procedimientos para registrar y certificar las semillas industriales, y que el sector privado este mayoritariamente representado en los comités nacionales que supervisan la introducción de nuevas variedades.
Mientras que el objetivo oficial del EBA es guiar a los responsables políticos en la aplicación de “políticas inteligentes y equilibradas,” el índice ignora los sistemas de semillas campesinos, que proporcionan entre el 80% y 90% del suministro de semillas a los agricultores en los países en desarrollo y son esenciales para proteger la agrobiodiversidad y soportar la resiliencia frente a cambios climáticos y económicos.
La red de organizaciones que impulsan la mencionada campaña expresan su profunda preocupación por las repercusiones que el EBA tendrá sobre los agricultores, los consumidores y el medio ambiente. Uno de los países donde el EBA ha comenzado a tener un notable impacto es Ruanda, donde el informe del Banco inspiró el diseño de una nueva ley de semillas que abre la puerta para la adhesión de Ruanda a la Convención UPOV 1991, un tratado que limita considerablemente los derechos de los agricultores a guardar, reutilizar, intercambiar y vender semillas.
En enero, el Banco Mundial publicará el próximo informe EBA, que puntuará las políticas agrícolas de más de 60 países. Con este motivo, la campaña Our Land Our Business está invitando a organizaciones de la sociedad civil a firmar dos cartas al Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y a los donantes que financian el proyecto EBA, para requerir que el Banco deje de promover políticas pro corporaciones que ponen en peligro el derecho de los campesinos a las semillas, la seguridad alimentaria, y el futuro de nuestro planeta.
Organizaciones interesadas en respaldar esta iniciativa y obtener las cartas abiertas a la firma, dirigidas al presidente del BM y a los donantes de EBA, pueden ponerse directamente en contacto con amartinprevel@oaklandinstitute.org antes del martes 10 de enero de 2017.