Dos años después de la I Conferencia, se celebró en Madrid el día 1 de junio una segunda, impulsada tanto por sectores sociales como académicos y el Ayuntamiento de Madrid. Los debates, mesas y conferencias de la jornada aportaron interesantes reflexiones.
La alimentación es un derecho humano; por tanto, deben existir políticas públicas adecuadas para garantizarlo a toda la población. Por su cercanía a la ciudadanía, los ayuntamientos son los primeros eslabones en los que se debe reconocer este derecho, que significa más que mera supervivencia; es el poder alimentarse uno mismo con dignidad, el Estado no tiene que dar de comer sino que tiene que elaborar políticas para que las personas puedan alimentarse. Cuando hablamos de derechos hemos de hablar de capacitación, de la importancia de la municipalidad en ese ámbito y de la necesidad de que todas las políticas municipales estén inter conectadas y se trabaje conjuntamente.
En la propia realidad de los municipios madrileños hay situaciones de desnutrición; muchas personas se avergüenzan de su estado de necesidad y no acuden a los servicios sociales. E igualmente preocupante es el incremento de la malnutrición: en Madrid casi la mitad de la población infantil sufre sobrepeso y obesidad, que está directamente ligada con la mala alimentación y con la vulneración del derecho a la alimentación adecuada.
Frente a ello, en primer lugar, hay que realizar diagnósticos fiables, promoviendo la participación ciudadana. En segundo lugar, hay que dedicar más atención a los servicios sociales y llevar a cabo un plan de inclusión social.
En este sentido, en la jornada se presentó el trabajo de la Comisión de Estudios de la Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán ha elaborado el informe “Insolvencia en el distrito de Tetuán”, distrito en el que el problema no es la baja renta sino el reparto injusto de la misma. La inseguridad alimentaria afecta al 15% de la población, unos 10.000 hogares del distrito, que se encuentran en riesgo de pobreza, y al 6,3%, unos 4.000 hogares, que se encuentran en situación de pobreza severa y no pueden hacer frente a sus necesidades básicas, no solo alimentación, sino también vivienda, vestido, transporte y suministros básicos del hogar. La ayuda pública es muy limitada y el principal soporte para aliviar el hambre son los 19 puntos de reparto de alimentos, todos ellos de iniciativa privada y gestionados por entidades religiosas, organizaciones de beneficencia y unos pocos autogestionados por familias receptoras.
También se habló del Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas Sostenibles, un pacto muy ambicioso y amplio en el que se afirma, entre otras cosas, que “dada la estrecha relación existente entre las políticas alimentarias y muchos otros desafíos y políticas urbanas […] es esencial adoptar un enfoque integrado comprensivo, interdisciplinar e interinstitucional”. Asimismo, es destacable el compromiso 1 “Trabajar para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados, para asegurar comida sana y accesible a todos en un marco de acción basado en los derechos, con el fin de reducir el desperdicio de alimentos y preservar la biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos”. Más de un centenar de municipios han suscrito a nivel mundial este pacto y Madrid es uno de ellos.
Esta II Conferencia fue también escenario para que los representantes de la Carta contra el Hambre presentaran la iniciativa legislativa municipal que están promoviendo entre los municipios madrileños y que podría después elevarse a la Asamblea de Madrid. Esta iniciativa persigue, en última instancia, mejorar la atención a las necesidades alimentarias de la población que se encuentra en situación de emergencia social o de insolvencia alimentaria en los municipios de la Comunidad de Madrid. Se pretende trascender los enfoques asistencialistas mediante el empoderamiento de la población vulnerable, la participación colectiva, la cooperación y el trabajo en equipo de los representantes políticos y demás actores, contemplando la distribución de alimentos solo en un primer momento.
En la asunción de esta iniciativa legislativa por parte de los municipios debe estar presente el enfoque de derecho humano a la alimentación. Sin embargo se señaló que todavía en Madrid se aprecia resistencia a cambiar el actual modelo basado en la recogida de alimentos (más de 50.000 personas recogen alimentos en Madrid); se trata de un modelo asistencial de reparto de alimentos que estigmatiza y con el que las personas usuarias se sienten muy vulnerables, no se consideran ciudadanas de pleno derecho. El empoderamiento de las personas vulnerables supondría un gran avance pero no parece haber propuestas claras de inclusión.