Los problemas relacionados con el hambre, la desnutrición y la malnutrición siguen presentes en la sociedad madrileña. El 6,3% de los hogares de la región vive en situación de pobreza severa, lo que afecta a algo más de 400.000 personas, y 427.000 trabajadores tienen ingresos salariales por debajo de 378 euros al mes. El 10% de nuestros abuelos cobra menos de la mitad de la Pensión Mínima, es decir, una cuantía inferior a los 351 euros al mes, y en 2015 el 20,5% de la población de la comunidad autónoma (1,3 millones de habitantes) se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, según el indicador AROPE.
Frente a esta realidad, el pasado 27 de septiembre, el pleno del Ayuntamiento de la capital, con los votos del PSOE y Ahora Madrid y la abstención del PP y Ciudadanos, ha aprobado una proposición de ley de “Garantías del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid”, que recoge la mayor parte de un texto elaborado por la plataforma ciudadana Carta contra el Hambre.
El pasado mes de junio, en el marco de la II Conferencia contra el Hambre que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles, el Equipo de Gobierno de Manuela Carmena se comprometió a llevar a pleno la citada proposición, que tiene forma de Iniciativa Legislativa Municipal. Y lo mismo hicieron los representantes de los consistorios de Fuenlabrada, San Fernando de Henares, Móstoles y Getafe, que en las próximas semanas llevarán a sus plenos la iniciativa, al igual que hará Rivas. La ILM es un instrumento de participación municipal recogido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid por el que los ayuntamientos pueden plantear modificaciones legales que se deben debatir y votar en la Asamblea de Madrid. Para que una ILM pueda llevarse a cabo deben plantearla al menos tres ayuntamientos con un mínimo de 50.000 electores entre los tres.
La aprobación de la propuesta legislativa realizada por el Ayuntamiento de Madrid despeja el camino para que esta iniciativa, única en el Estado español, sea registrada en la Asamblea de Madrid con objeto de que sea tenida en consideración y, a la postre, votada. La propuesta persigue que los municipios tengan, por ley, la financiación necesaria para garantizar la alimentación de todos sus vecinos y vecinas.
Tras la habitual exposición de motivos, que incluye un profuso marco normativo y la justificación de la necesidad de la ley, así como sus objetivos y principios, la ILM desgrana sus artículos, entre los que destacan los del título II, que recoge “medidas de garantía del derecho a la alimentación” como la creación de un fondo de emergencia alimentaria para toda la comunidad autónoma y planes municipales de “mejora del acceso a la alimentación suficiente y adecuada”. Estos planes podrán incluir acciones como la creación de un tarjeta individual monetaria, el incremento de la plantilla municipal para agilizar las gestiones de la Renta Mínima de Inserción y del servicio complementario de acceso a la alimentación; la apertura de centros municipales de cultura alimentaria y la promoción del empleo de personas en situación de necesidad alimentaria en empresas de inserción social.
La ILM también establece la puesta en marcha de un Observatorio de la Emergencia Alimentaria de la Comunidad de Madrid y la creación, en cada municipio, de un órgano administrativo que fomente y facilite la “participación de las personas que se encuentren en situación de necesidad alimentaria en el proceso de elaboración y aprobación de las políticas públicas municipales de garantía del derecho a la alimentación”.