El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI por sus siglas en inglés) acaba de publicar su trabajo anual 2018 Global Food Policy Report, en el que se analizan los problemas y los avances de las políticas alimentarias en el mundo durante el pasado año, y se recogen los desafíos y oportunidades que se nos presentarán en el 2018.
Según esta investigación, el año 2017 ha estado marcado por la incertidumbre. Por un lado ha habido cierta recuperación económica, gracias a la progresión de economías emergentes y el crecimiento en el comercio internacional. Pero, por otro lado, el hambre y la desigualdad han golpeado fuertemente a muchos países, especialmente vinculado a situaciones de conflicto. El hambre ha persistido, por ejemplo, en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen, afectando a 38 millones de personas en estos cuatro países; los desastres naturales han puesto en peligro la seguridad alimentaria de millones de personas y la crisis de los refugiados se ha acentuado.
Las políticas que se desarrollaron durante el 2017 se han centrado en garantizar un futuro sostenible. Los ministros de agricultura del G20 y del G7 se comprometieron a apoyar el uso sostenible de recursos y priorizar el impacto del cambio climático. Además, la mayoría de los países han seguido trabajando bajo el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y muchos de ellos han lanzado iniciativas en sus propios países para mejorar sus sistemas alimentarios.
Frente a esta tendencia de cooperación internacional ha surgido al mismo tiempo cierto ‘antiglobalismo’, marcado por la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de comercio transpacífico y del Acuerdo de París, el Brexit de Gran Bretaña y el diálogo anti-inmigración surgido con fuerza en algunos países europeos.
IFPRI señala que el comercio internacional es necesario y fundamental para defender la seguridad alimentaria debido a la desigual distribución de tierras y recursos agrícolas que existe en el mundo. La apertura de comercio en el siglo XIX redujo el coste promedio de alimentos en el mundo y permitió un mayor acceso, mientras que las barreras comerciales suelen traducirse en precios más altos de los alimentos para aquellos países con más dificultades de producción. Pero de las relaciones comerciales surgen también una serie de riesgos, como la desigualdad o el daño medioambiental, que deben paliarse con políticas centradas en estos problemas concretos.
Satisfacer la creciente demanda de alimentos requerirá más inversión por parte de los gobiernos y de los agricultores. Estas inversiones deben ser responsables y beneficiar a las personas más desfavorecidas. Los equilibrios entre volúmenes de producción, de consumo, precios, comercialización… suelen ser delicados. Las alteraciones pueden provocar impactos significativos. Los más perjudicados resultan ser siempre los agricultores de los países del Sur.
Este contexto crea la necesidad de inventar un sistema global de gobernanza agroalimentaria que coordine un comercio justo y libre, teniendo en cuenta a todos. Sería importante promover una plataforma que garantice el logro de los ODS y que esté compuesta por expertos de la comunidad científica para que desarrollen políticas basadas en la investigación sobre agricultura, alimentación y nutrición.
En el futuro se prevé que seguirá habiendo un crecimiento económico, sobre todo de las economías emergentes, y una seria amenaza a la seguridad alimentaria, especialmente en los países que sufren conflictos.
El cambio climático seguirá siendo un desafío palpable al que enfrentarse y la cooperación entre los países será necesaria para hacerle frente. El sistema alimentario debe ser transformado para hacerlo suficiente, asequible y sostenible, a través de un compromiso de la comunidad internacional que fomente un comercio abierto, eficiente y justo, y que tenga en cuenta el desarrollo rural.