Dentro de una serie de breves informes del G20, impulsados por un grupo de trabajo denominado ‘Energía sostenible, agua y sistemas alimentarios’, encontramos uno que analiza El verdadero coste de la comida, elaborado por tres expertos que forman parte del International Food Policy Research Institute (IFPRI- Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias).
Según el texto, los sistemas alimentarios modernos son fundamentales para la vida, pero implican un precio alto para el medio ambiente y para la salud pública. El precio que paga la persona consumidora cuando compra un alimento no refleja el verdadero coste de los alimentos para la sociedad, si tenemos en cuenta esos otros impactos.
Los costes sociales generados por los sistemas alimentarios incluyen la contaminación del agua y el aire, las emisiones de gases de efecto invernadero, las enfermedades zoonóticas o el aumento de enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos (como la diabetes). Estos costes no se pagan en la comida, sino a través de programas ambientales y de salud financiados con impuestos o asumiendo reducciones en el rendimiento de los cultivos debido a la variabilidad climática. Algunos costes surgirán en el futuro, por ejemplo cuando escasee el agua dulce.
En este policy brief se hace un cálculo de estos costes. El valor del sistema alimentario mundial se estima en 8 billones de dólares, mientras que el costo adicional derivado de esas externalidades negativas es de aproximadamente 6,03 billones de dólares. Estas estimaciones son parciales, al no incluir todos los posibles criterios, y heterogéneas en términos de supuestos (por ejemplo, valor del carbono) y métodos. Además, no siempre proporcionan una categorización adecuada de la brecha entre el coste social y el precio del alimento. Pero hay un consenso sorprendente: una parte muy grande (40%) del coste del sistema alimentario no está incluida en el precio que paga la persona consumidora.
Además, este coste va más allá de las fronteras y las generaciones, un hecho que debe implicar la acción de todos los gobiernos. El aire, el agua, la biodiversidad, la eficacia de los antibióticos y las contribuciones de las personas a la humanidad gracias a su salud se encuentran entre los bienes públicos internacionales e intergeneracionales afectados por nuestros sistemas alimentarios.
La coordinación internacional es importante para garantizar cierta equidad. Los expertos proponen un papel de liderazgo del G20 para medir el coste real de los alimentos, coordinar reformas de políticas nocivas y establecer la agenda para la introducción de políticas beneficiosas. La medición y la reforma se proponen de forma secuencial.
Y se hacen tres propuestas a estos países:
- Pedir a las organizaciones internacionales el desarrollo de un enfoque armonizado para medir el coste social de los alimentos.
- De manera coordinada, llevar a cabo una reforma internacional de las políticas nocivas actuales que aumentan el costo social de los alimentos.
- El G20 debería proponer un conjunto coordinado de políticas beneficiosas que reutilicen el dinero de las políticas dañinas eliminadas de acuerdo con la Propuesta 2, para compensar o reducir los costes específicos del sistema alimentario de una manera socialmente aceptable.