La crisis del COVID19 ha destapado la fragilidad del sistema alimentario mundial. La emergencia social sin precedentes se está visibilizando en una multiplicación de la demanda alimentaria y un empeoramiento de la dieta en todo el mundo. Según las previsiones de la FAO la pandemia de COVID-19 podría provocar a finales de 2020 un aumento de 130 millones en el número de personas afectadas por el hambre crónica en todo el mundo y según la OMS 3000 millones de personas o más, una cifra también alarmante, no pueden permitirse una dieta saludable.
A su vez, esta maquinaria global nos arroja otras cifras, como que un tercio de los alimentos cultivados se pierden cada año, es decir, 1.300 millones de toneladas de comida, que serían suficientes para alimentar a 2.000 millones de personas en el mundo.
Nuestro país no es una excepción en este contexto. A día de hoy en nuestro país existe un creciente número de personas que tienen dificultades para acceder a una alimentación saludable y sostenible y cada vez se hace más evidente que la actual configuración de los sistemas alimentarios genera mala calidad de vida, gasto sanitario, cambio climático, además de relacionarse con los orígenes de pandemias como la COVID-19. La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) afirma que no dan abasto con el aumento de la demanda de alimentos siendo hasta de un 30% más en todo el territorio nacional y en muchos barrios de las grandes ciudades han sido las despensas solidarias que se reparten a lo largo y ancho del territorio las que han sostenido y cuidado a la población más vulnerable, dando lugar a escenas que han llamado la atención de la sociedad como las ‘colas del hambre’ donde se agolpan a diario decenas de miles de personas.
Tenemos la urgente necesidad de relocalizar la producción agraria y producir alimentos que puedan ser distribuidos y comercializados en nuestros territorios, alimentos sanos, sostenibles y accesibles para toda la población. Ello reduciría la dependencia y generaría un metabolismo económico más resiliente en un contexto no solo de emergencia por el coronavirus, sino de emergencia ecológica. Para ello planteamos la agroecología como la forma de producir alimentos saludables, que sirva para generar seguridad y soberanía alimentaria en los lugares donde se produce. Una forma de producir que Naciones Unidas señala como la principal estrategia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
La política pública es clave y debe incentivar la agroecología, penalizar formas de producción insostenibles y utilizar las ayudas para promover esa transformación ya que es una paradoja que en estos momentos se fortalezcan las grandes superficies cuando hay todo un comercio de barrio que es más cercano, que es el de las Pymes o el CCC (comercio de circucuitos cortos), que fijan la población al territorio, mantienen empleo y están basados en formas de producción local.
Desde la campaña #AlimentaciónEsSalud queremos señalar la relación entre salud y buena alimentación, señalar la vulnerabilidad de nuestra sociedad y la falta de acceso a una alimentación sana y sostenible, visibilizar el tejido social que está atendiendo a la población más vulnerable y plantear una alternativa agroecológica que fortalezca nuestras economías locales, potencie la autosuficiencia de los territorios y construya un sistema alimentario donde la alimentación sea un derecho y no una mercancía.