En torno a esta cuestión nació el octavo debate de los diez surgidos en la India cuando se elaboraba la ley de seguridad alimentaria. Algunos consideraron que los derechos contemplados en la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria son suficientes para garantizar el derecho a la alimentación de los más vulnerables si se pone en práctica de la forma correcta. Sin embargo, otros expertos afirman que los que más necesitan ser protegidos carecen de las habilidades necesarias para acceder a los procedimientos oficiales e inscribirse en el programa y que, por ello, la ley debe contemplar derechos especiales de abastecimiento que consideren las barreras de acceso a la alimentación de estos grupos.
De hecho gran parte de la población más vulnerable no tiene documentación de identidad e inscripción en el registro; por lo tanto, en la práctica, no se les reconoce como ciudadanos, lo que es un problema para que gocen de su derecho a la alimentación. Personas como las que viven en barrios marginales y sin hogar, migrantes o habitantes de los bosques. Y aunque este problema está fuera de los límites de la ley de seguridad alimentaria, en muchos países las estrategias de reducción de la pobreza y seguridad alimentaria y nutricional incluyen programas de registro, que han ido acompañados de cierta controversia al considerar esta medida una forma de controlar a los grupos marginales. Esto sucedió en la India: cuando se han llevaron a cabo medidas oficiales para proporcionar tarjetas de identidad biométrica a todas las personas y vincular la seguridad alimentaria y otros derechos a estas tarjetas, algunos se opusieron por considerar esta medida la expansión de lo que podría convertirse en un Estado policial.
Otro debate en relación a cómo atender a los más vulnerables nace en relación a la naturaleza de las medidas específicas para cada grupo vulnerable (las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres solas, ya sean viudas, divorciadas o solteras, o las personas sin hogar que viven en las urbes). Algunos consideran que las personas que viven en la indigencia deben tener preferencia en una ley de alimentación. La lucha contra el hambre hizo que en los primeros borradores de la ley se exigiera establecer protocolos para impedir el hambre extrema, proporcionar atención eficaz en caso de desnutrición aguda grave, investigar las muertes por hambre, asignar responsabilidades e impedir que volviera a ocurrir. Pero al final estas garantías no se incluyeron como objeto de la ley.
Este debate está incluido en Abastecimientos de alimentos por el Estado como Protección Social de Harsh Mander y publicado por la FAO.