El artículo “El derecho a la alimentación en entornos obesogénicos: Reflexiones sobre el rol de los profesionales de la salud”, publicado en la Revista Salud Colectiva, analiza el problema de la obesidad, las medidas para evitarla y su relación con la comunidad científica. En el artículo se hace una reflexión sobre esta problemática en Argentina, pero cuya dinámica es similar en otras partes del mundo.
El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una de las obligaciones de los Estados es asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura y garantice que nadie padezca hambre. El que la alimentación no sea adecuada generalmente se restringe al déficit de alimentos, cuando la desnutrición, carencia de micronutrientes o la sobrealimentación son diferentes formas de malnutrición que deben afrontarse de la misma manera. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2014 el 39% de las personas mayores de 18 tenían sobrepeso, de los cuales el 26% eran obesos, lo que en promedio supera el porcentaje de personas subalimentadas (10,9%). La obesidad se relaciona con el aumento de personas que padecen diabetes de tipo 2 y contribuye a una alta tasa de morbimortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles asociadas.
Este artículo trata de mostrar que el derecho a la alimentación es vulnerado en entornos obesogénicos y que es responsabilidad de los Estados adoptar medidas que garanticen entornos saludables. Los entornos generadores de obesidad tienen alta disponibilidad y accesibilidad de alimentos y bebidas ultraprocesados, con altos contenidos de grasas, sal o azúcares, elaborados con sustancias extraídas o refinadas de alimentos enteros y gran cantidad de aditivos. Son producidos por grandes corporaciones que tienen constantes campañas publicitarias que alientan el sobreconsumo de dichos productos y desplazan otros alimentos saludables. Hay evidencia científica que vincula el consumo de estos productos con el incremento de la obesidad y otras morbilidades por lo que pueden considerarse como alimentos no saludables. Para proteger el derecho a una alimentación adecuada es necesario reformar políticas con el fin de crear sistemas alimentarios que promuevan una dieta sostenible, lo que supone regular la comercialización y la publicidad de alimentos y bebidas procesados, en particular dirigidas a niños y niñas, o facilitar el acceso a frutas y vegetales.
La investigadora se plantea entonces cuáles son las barreras que impiden crear entornos saludables, haciendo referencia a una serie de hechos que demuestran cómo a nivel internacional diferentes legislaciones que incluían controlar los alimentos procesados no ven la luz debido a la presión que ejercen las grandes corporaciones alimentarias, a través acciones directas o indirectas. Las corporaciones defienden un entorno que no regule o la autorregulación, enfatizando la responsabilidad individual; medidas que, según el artículo, no muestran evidencia de que beneficien la salud pública. Además usan como medio a la comunidad científica. Es habitual que las grandes corporaciones cuestionen el trabajo científico sobre la salud de comidas y bebidas procesadas, al considerar que no tienen suficiente evidencia científica o influyendo en los equipos técnicos y políticos para alargar las medidas. También suelen condicionar los trabajos a través de diferentes formas de financiamiento.
Los profesionales de la salud tienen una responsabilidad especial en generar el reconocimiento de las causas sistémicas que llevan a cabo la vulneración del derecho a la alimentación y visibilizar medidas de salud pública efectivas. La premisa “no hay alimentos buenos y malos, sino estilos de alimentación mejores o peores” hace que no se diferencien los alimentos según su proceso y se traslade la responsabilidad al consumidor que debe controlar la cantidad que consume en un entorno con una comercialización y publicidad que alientan al hiperconsumo.
Las intervenciones desde el Estado sobre los entornos permiten influenciar incluso a grupos de población a los que es difícil alcanzar con mensajes educativos y tienen un efecto más durable en el cambio de prácticas. Las asociaciones científicas y profesionales, junto con organizaciones de la sociedad civil, desde un posicionamiento libre de conflictos de intereses, deben abogar por el reconocimiento del derecho a la alimentación en la agenda pública y mediática.