A la vista de la preocupante situación alimentaria en muchas zonas de conflicto, especialmente en Yemen, Sudán del Sur, noreste de Nigeria y Somalia, la relatora dedica un reciente informe, presentado el pasado mes de julio, a este tema.
La relatora constata que la hambruna y las emergencias humanitarias han resurgido de manera trágica: unos 70 millones de personas en 45 países necesitan actualmente asistencia alimentaria de emergencia y, en la mayoría de los casos, se trata de países que padecen crisis prolongadas o se encuentran en situaciones posteriores a conflictos.
El informe explica que el hambre sigue causando un enorme número de víctimas en las zonas de combate, por lo que resulta preocupante la falta de aplicación de las normas y directrices existentes, tanto del derecho internacional de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario, en particular su incumplimiento por parte de los Estados y otros agentes políticos.
En su informe, la relatora recorre varios de estos conflictos y va dando datos para ilustrar los problemas alimentarios que se producen, que pueden llegar hasta la situación de hambruna, la fase más grave de inseguridad alimentaria, caracterizada la falta absoluta de accesibilidad a los alimentos de toda una población o subgrupo de la población, que puede provocar la muerte a corto plazo, en que al menos el 20% de los hogares de un determinado grupo afrontan un déficit alimentario extremo, sin capacidad para hacer frente a la situación; la prevalencia de la malnutrición aguda supera el 30%; y la tasa de mortalidad es de más de 2 personas por cada 10.000 habitantes por día.
Cuanto más se alarga la duración de un conflicto más difícil es la situación alimentaria, más peligro de hambruna y mayor dificultad para la posterior recuperación, ya que se deterioran las bases productivas. En algunos casos, la situación de hambre en la población civil se utiliza de forma deliberada como arma, algo totalmente prohibido por el derecho internacional humanitario.
En estas situaciones, la asistencia alimentaria humanitaria es una vía fundamental de apoyo; sin embargo, a menudo está sujeta a graves impedimentos políticos, de seguridad y de infraestructura que obstaculizan la prestación efectiva de asistencia alimentaria.
La inseguridad alimentaria extrema que se produce en estas situaciones de conflicto está obligando a la población a recurrir a mecanismos de supervivencia negativos, como el racionamiento o la omisión de comidas, la mendicidad, el matrimonio precoz, el trabajo infantil, el reclutamiento de niños y las relaciones sexuales transaccionales a cambio de alimentos. El acceso a información sobre la disponibilidad y la accesibilidad de la asistencia alimentaria también es limitado, lo que expone a los grupos vulnerables a un mayor riesgo de explotación y abuso.
Una de las principales consecuencias de los conflictos son los desplazamientos, tanto a nivel interno como a través de las fronteras. Los niveles de desplazamientos se encuentran en su nivel más alto desde que se comenzaron a registrar. Actualmente se estima que unas 28.300 personas se ven obligadas a huir a diario por los conflictos o la persecución.
La relatora analiza el marco jurídico internacional que regula estas situaciones y que se está viendo incumplido de forma flagrante.