El pleno del PE ha aprobado un informe en el que reclama la actuación "inmediata y continuada" de la UE para hacer frente a la crisis alimentaria mundial, incluido a través de nuevos instrumentos que permitan evitar la fluctuación de los precios de las materias primas de manera tan acusada como lo han hecho en los últimos años.El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que reclama la actuación "inmediata y continuada" de la Unión Europea para hacer frente a la crisis alimentaria mundial, incluido a través de nuevos instrumentos que permitan evitar la fluctuación de los precios de las materias primas de manera tan acusada como lo han hecho en los últimos años.
La Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO), así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Europa (OCDE) temen que los precios de los alimentos vuelvan a fluctuar, a pesar de que actualmente el precio de las materias primas ha caído a los niveles de 2006. La actual crisis alimentaria además, sin contar que la demanda mundial podría doblarse a la altura de 2050, puede elevar en 100 millones, hasta los 960 millones, las personas en el mundo que sufren hambre crónica. La autora del informe aprobado por el pleno de la Eurocámara, la eurodiputada irlandesa 'popular' Mairead McGuiness recordó en el Parlamento Europeo que mientras que el precio mundial de los alimentos ha aumentado un 80% de media desde 2006, las reservas de alimentos, por ejemplo, de cereales, han caído hasta mínimos históricos. Las reservas actuales de cereales apenas servirían para abastecer menos de 40 días a la comunidad internacional.
Para intentar revertir estas cifras, los eurodiputados proponen en su informe la creación de un inventario mundial de productos alimentarios, un sistema global de reserva de productos y de almacenamiento de proteínas, fertilizantes, semillas y plaguicidas para hacer frente a la crisis alimentaria, así como un fondo permanente de seguridad alimentaria para apoyar a las poblaciones más pobres del mundo. El informe fue aprobado con los votos a favor de 482 eurodiputados, 24 en contra y 59 abstenciones.Asimismo, consideran que la Política Agrícola Común (PAC) debe seguir siendo hasta 2013 la piedra angular de la política de seguridad alimentaria de la UE. A partir de esta fecha, los eurodiputados apuestan por su adaptación de acuerdo con las nuevas exigencias de la seguridad alimentaria.
FINANCIACIÓN CONSTANTE EN EL SECTOR AGRÍCOLA
Tras lamentar en su informe la reducción de las ayudas destinadas al sector agrícola y al desarrollo rural en la UE que, recuerdan en 1980 ascendía al 17% del presupuesto comunitario y no superó el 3% en 2006, los eurodiputados instan a la Comisión Europea a supervisar el destino de la financiación comunitaria y orientarla a conseguir un crecimiento impulsado por el sector agrícola.
Asimismo, piden al Ejecutivo comunitario hacer todo lo posible para que los Estados miembros destinen el 10% del presupuesto nacional al sector agrícola y que la UE destine por su parte un nivel de gasto "estable y constante" a la PAC, de modo que ésta garantice una renta equitativa de los agricultores. Los eurodiputados consideran que los agricultores deben disponer de políticas de seguros que les permita hacer frente a grandes fluctuaciones de los precios de materias primas y reclaman también la concesión de microcréditos para los pequeños granjeros por su importancia para incrementar la producción y la seguridad del abastecimiento local.
BIOCOMBUSTIBLES DE SEGUNDA GENERACIÓN
Por otra parte, reclaman una evaluación del impacto del incremento de la producción de biocombustibles en el precio de las materias primas y que los acuerdos internacionales y regionales de la UE incluyan la obligación de que las subvenciones otorgadas a la producción de biocombustibles no pone en peligro la seguridad alimentaria en el mundo. Asimismo, instan a la UE a comprometerse a dar prioridad a los biocombustibles de segunda generación, para que su producción no compita con la producción alimentaria. Además, consideran que el Ejecutivo comunitario debe analizar el posible impacto de las iniciativas para luchar contra el cambio climático en el sector agrícola. Los eurodiputados consideran que dicha evaluación impediría que dichas acciones impliquen una reducción de la producción agrícola de la UE.