El último debate de la publicación de la FAO escrita por Harsh Mander, Abastecimientos de alimentos por el Estado como Protección Social, trata sobre los sistemas de cumplimiento, reparación de reclamaciones y sanciones establecidos por la ley de seguridad alimentaria en India y relacionados con el derecho a la alimentación. La ley de alimentación de la India tiene mecanismos de reparación de reclamaciones en diferentes niveles.
Hay tres tipos de mecanismos de reparación en caso de reclamaciones:
- El primero es el de los recursos administrativos que implican burocracia compuesta por funcionarios públicos.
- El segundo es la posibilidad de interponer recursos para reclamar el incumplimiento de un derecho ante representantes locales designados por el Gobierno.
- Y el tercero se realiza ante el poder judicial, al interponer recursos por la denegación de este derecho. También existen mecanismos de vigilancia ciudadana como los defensores del pueblo y tribunales autónomos.
La eficacia de los mecanismos se puede evaluar según la independencia, integridad, rendición de cuentas y accesibilidad de cada uno. En general, estos mecanismos no son accesibles para los pobres y marginados, y estas poblaciones suelen desconfiar de sus funcionarios, a los que perciben como corruptos u hostiles a sus necesidades. Sin embargo, el poder judicial, especialmente el Tribunal Superior, no es visto con esa desconfianza. Cada vez con más frecuencia los tribunales superiores consideran los derechos socioeconómicos como una extensión del derecho fundamental a la vida, ofreciendo reparaciones considerables.
El sistema de tribunales indio no está lo bastante descentralizado para trabajar con eficacia y tiene muchas causas pendientes. A veces el proceso de reparación de reclamación a través de un tribunal es confuso, caro y lento. Por ello se tiende a utilizar mecanismos cuasijudiciales como las instituciones estatales de derechos humanos o defensores del pueblo, que parecen ser más eficientes. Los partidarios de este sistema creen que si están bien diseñados pueden superar las limitaciones de los sistemas anteriores y pueden ser más accesibles y rápidos, a causa de su mayor nivel de descentralización, conocimiento técnico especializado y un funcionamiento de naturaleza más flexible e informal.
Durante este debate se discutió si deberían o no imponerse sanciones para las infracciones de la ley y si deberían ser de naturaleza civil o criminal. La India optó por incorporar pequeñas multas de naturaleza civil. Los críticos consideran que esto no garantiza mecanismos verdaderamente independientes y eficaces.
La designación de los funcionarios quedó en manos de cada estado, así como la imposición de multas civiles de baja cuantía.
Lo más importante es que la efectividad de las leyes basadas en derechos depende de la capacidad de las organizaciones para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y organizarlos para que los exijan.