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Ilegalidades y violaciones de derechos en la siembra de soja en Brasil

La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) documenta cómo el proceso de expansión de este cultivo, además de impactos ambientales, provoca diversos conflictos sociales.

La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) documenta cómo el proceso de expansión de este cultivo, además de impactos ambientales, provoca diversos conflictos sociales. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) divulgó un informe sobre el cultivo de soja en el estado de Pará, en los polos Paragominas, Redenção (sul) y el Polo Santarém. Desde 2005, la CPT realiza el seguimiento del proceso de expansión de este cultivo y constató que, además de impactos ambientales, provoca diversos conflictos sociales. El documento, elaborado por el equipo de la CPT de Santarém, reflexiona sobre la realidad de las familias involucradas en estos conflictos.

Según el informe, algunas familias que viven en las áreas del municipio de Prainha, de la Gleba Nova Olinda y del Planalto, ubicados en el polo de Santarém (PA), son constantemente amenazadas de expulsión por los productores que vinieron de otras regiones. Además, las poblaciones tradicionales están viendo que sus territorios se reducen por el accionar de esos productores. El análisis de la CPT señala como principales causas de esta búsqueda desenfrenada de tierras en la región al bajo precio de la tierra y la certeza de un comprador para el grano de soja: "Esta corrida voraz por tierras causó muchos conflictos sociales y se volvió común escuchar relatos de casas quemadas, expulsión de familias, amenazas de muerte, intimidaciones a los dirigentes, apropiación ilegal de tierras, supresión de florestas que también se convirtieron en titulares dentro y fuera de Brasil".



El documento critica la actuación de organizaciones no gubernamentales: "Grandes ONGs condujeron parte de la discusión por un camino puramente ambientalista dejando en un segundo plano los conflictos sociales, quedando sólo por cuenta de los movimientos sociales locales las denuncias sobre la forma violenta con que la expansión de la soja venía teniendo lugar en esta región".

Entre los problemas encontrados en la región, la CPT cita el control, por parte de los productores de soja, de los accesos comunitarios, creando dificultades en el traslado y la salida de la producción de los campesinos. Caminos hasta entonces comunitarios, pasaron a tener portones o carteles indicando propiedad privada e impidiendo el paso. También hay contaminación de arroyos y de habitantes locales por productos químicos aplicados en la plantación de soja. Durante los días de la aplicación de los productos químicos, los niños no tuvieron clases.

De acuerdo con el informe, en la región del Planalto se encuentran las mayores plantaciones de soja, por estar muy cerca del puerto de la multinacional Cargill: "Esta proximidad, intencional, facilita la salida de la producción de soja por el puerto. Por lo tanto, los impactos de la soja en esta región son tan nocivos como en otras áreas, pero con un agravante, en el planalto santareño y belterrense el cultivo de soja ya es una realidad hace varios años, lo que ha intensificado y provocado disputa por la tierra y consecuentemente la expulsión de los pequeños campesinos".

Durante visitas recientes a la región, la CPT observó grandes áreas de soja que están siendo plantadas. Según el informe, la soja en los municipios de Santarém y Beltierra tuvo su mayor producción en 2005, con una ligera disminución en 2007 (principalmente en el municipio de Santarém). En 2008 la producción retoma su crecimiento. El relevamiento realizado por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) estima que hasta abril de 2008, la producción de soja era de 46.575 toneladas en Santarém, y 27 mil toneladas en Beltierra.

El informe también comunica cómo están las negociaciones con la empresa Cargill: "La multinacional Cargill que construyó su puerto en Santarém en rebeldía con las leyes brasileras, corre a cumplir una decisión de la justicia de elaboración del Estudio de Impactos Ambientales (EIA) e Informe de Impactos al Medio Ambiente (RIMA). La multinacional contrató a una empresa de San Pablo, que en las conversaciones con los movimientos sociales demostró cierta parcialidad en favor de la empresa que la contrató. Si este hecho se confirma al final del EIA/RIMA significa que otra vez la población que sufrió durante todos estos años los impactos provocados por la llegada de Cargill, continuará siendo ignorada y no respetada".