En septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Madrid aprobó, a iniciativa de la plataforma ciudadana Carta contra el Hambre, una proposición de ley de “Garantías del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid” para garantizar el derecho básico a una alimentación adecuada de la población y poder eliminar las altas tasas de malnutrición que presenta la región. De esta manera, los municipios de la Comunidad de Madrid podrían tener, por ley, la financiación necesaria para poder garantizar la alimentación de todos aquellos vecinos y vecinas con necesidades. Si a esta Iniciativa Legislativa Municipal (ILM), instrumento de participación municipal reconocida por la Comunidad de Madrid, se unían al menos tres municipios, podría ser debatida, votada y, finalmente, aprobada como ley autónoma por la Asamblea de Madrid.
A inicios de febrero de 2019 se habían sumado a la propuesta los municipios de Madrid, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Valdemoro y por tanto podía ser votada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Pero ayer, 21 de febrero, en el pleno de la Asamblea de Madrid fue rechazada por un solo voto de diferencia. El Partido Popular y Ciudadanos con 65 votos se impusieron al Partido Socialista y Podemos con 64 votos. Una diferencia tan pequeña tendrá, sin embargo, consecuencias graves para una parte importante de la población más vulnerable de la Comunidad de Madrid en la que, según datos aportados por parlamentarios del Grupo Socialista y de Podemos, el 46% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes. Hablamos de la comunidad autónoma en la que la desigualdad es mayor que en ninguna otra y la pobreza severa no ha hecho más que aumentar desde 2008.