Derecho a la alimentación. Urgente denuncia que las soluciones milagrosas que la FAO y la comunidad internacional han propuesto ahora para acabar con el hambre ya estaban comprometidas desde la Cumbre de la Alimentación de 1996 sin que se haya hecho nada para cumplirlas. Parches en lugar de verdaderas soluciones. 854 millones de hambrientos se quedarán esperando, una vez más, que los mandatarios de la comunidad internacional y los organismos multilaterales se comprometan, de manera real y efectiva, a acabar con el hambre en el mundo. Porque una vez más, una cumbre convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para encontrar respuestas a la cuestión del hambre ha fracasado y ha puesto en evidencia que solucionar el hambre es una cuestión de voluntad política. El principal motivo del fracaso de la Conferencia celebrada en Roma entre el 3 y el 5 de junio, más allá de que los compromisos de desembolso de fondos hayan resultado inferiores a lo demandado desde la agencia internacional, es el hecho de que se ha desviado lo que debería haber sido el verdadero foco del debate.
En primer lugar, la FAO debería haber entonado un mea culpa por haber permitido que la situación haya llegado al punto actual, ya que, al fin y al cabo, es la institución de Naciones Unidas creada en 1945 con el mandato específico de garantizar la seguridad alimentaria del mundo. En segundo lugar, sobre la mesa estaba una crisis alimentaria debida tanto a la subida insoportable de los precios de los alimentos como al incumplimiento reiterado de los compromisos adoptados en el pasado, como el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 o la aplicación de las Directrices Voluntarias para la realización del Derecho a la Alimentación de 2004. Las soluciones milagrosas que se han planteado ya están recogidas en estos compromisos y, sin embargo, no se ha hablado de por qué no se han cumplido. Antes al contrario: las discusiones se han centrado en el aumento de las dotaciones económicas dirigidas a los países en vías de desarrollo o en solicitar nuevas revoluciones verdes para África y América Latina.
El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comprometido destinar 500 millones de euros en cuatro años y la FAO ha anunciado el inicio actividades de emergencia por valor de 17 millones de dólares. Siempre es positiva la mayor dotación económica a la lucha contra el hambre, pero el hambre es un problema estructural y, por tanto, requiere soluciones estructurales, no parches. A España, como al resto de estados europeos, hay que exigirle coherencia de políticas, una revisión de sus políticas comerciales en materia agraria y que los fondos económicos se destinen a políticas de seguridad alimentaria desde el enfoque de derecho a la alimentación. Nos consta el compromiso personal del presidente en este tema, pero debemos exigir resultados concretos. Asimismo, ese compromiso moral con las personas que padecen hambre deberá estar presente también en las próximas conversaciones de la Organización Mundial del Comercio. Para la campaña Derecho a la alimentación. Urgente solucionar el problema del hambre requiere, en lo que concierne a FAO, el cumplimiento de los compromisos citados, el Plan de Acción de 1996 y las Directrices Voluntarias aprobadas en 2004. A nivel mundial, debe volverse a un modelo agrícola sostenible económica, política, social y medioambientalmente, en el que los pequeños productores vieran garantizada su soberanía alimentaria, su acceso tanto a los recursos para producir como a los alimentos que generan. Premisa que debería tenerse en cuenta en las próximas negociaciones sobre la Ronda de Doha. El necesario incremento de la producción agraria que se ha solicitado, además, debe realizarse desde una agricultura que facilite el acceso y control de los recursos productivos a los pequeños productores a través de políticas públicas que tengan como finalidad la realización del derecho a la alimentación. La agricultura dirigida al mercado no garantiza el acceso de los más desfavorecidos a los alimentos.
En cuanto a los agrocombustibles, pese a que inciden en la complejidad de la crisis, no son la única causa ni la más determinante. El principal problema deriva de la clara competencia entre cultivos de alimentos o de productos de base para agrocombustibles por recursos como el agua o la tierra. La mayoría de los productos de base para los agrocombustibles, se desarrollan en forma de monocultivos latifundistas que en nada benefician al pequeño agricultor. A lo que se añade que tanto la Unión Europea como Estados Unidos subvencionan este tipo de cultivos, lo que no sucede en los países en desarrollo.
Desde la campaña insistimos en la pertinencia de una moratoria sobre la expansión de los agrocombustibles en tanto no se hayan analizado a fondo sus efectos negativos sociales, ambientales y para los derechos humanos y se establezcan las medidas reguladoras pertinentes para amortiguar esos efectos. Paliar, verdaderamente, la crisis alimentaria exige encararla desde el derecho a la alimentación.