En este informe se analiza la situación social de España y se asegura que la sociedad española no está viviendo las consecuencias de la crisis, sino que estas dificultades por las que atraviesa son las consecuencias de un nuevo modelo de sociedad.
A pesar de que algunos indicadores económicos muestran una mejora, los riesgos de exclusión, la precariedad, el aumento de desigualdades y menores oportunidades de movilidad social son algunos rasgos de este nuevo sistema ya que, aunque la riqueza crezca, no sirve de nada si solo afecta a un número reducido de personas en situación privilegiada.
Los autores del informe, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, tienen un conocimiento directo de las dificultades que vive parte de la sociedad y conocen bien la realidad de un número relevante de personas que viven sumidos en la pobreza y en la exclusión social y con pocas oportunidades de cambiar esta situación. Según algunos de los datos, el 33,7% tiene dificultades o muchas dificultades para llegar a final de mes. Destaca el dato que afirma que el 2,6% de los hogares no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días y casi medio millón de hogares no puede garantizar una alimentación adecuada, por lo que el hambre afecta en España como poco a dos millones de personas. Además la mala alimentación perjudica sobre todo a niños y niñas, que ven impedido su desarrollo normal.
Aunque en España se ha registrado un descenso de la pobreza, no en todos los casos ha sido así, y los indicadores que indican una mejora de la economía no repercuten de la misma manera para todos/as. Hay un amplio sector de la población que vive en situación de desempleo y se está quedando al margen del mercado laboral.
España ha sufrido un aumento de la desigualdad durante los años de la crisis, debido a un modelo político, económico y social que se inició antes de ésta. Esta cuestión no se soluciona con un crecimiento de la renta sino con un sistema que impida que un grupo de privilegiados acumule la riqueza, mientras un número relevante de personas viva en la pobreza y sin oportunidades para salir de ella, una realidad que tiende a perpetuarse de generación en generación. Por lo tanto, para luchar contra la pobreza estructural sería necesario un mercado laboral regulado, un sistema fiscal potente y justo y un sistema de protección social. Por ello este nuevo sistema exige una modificación urgente en la política laboral y económica, que implemente ante todo un sistema fiscal equitativo y progresivo que no beneficie a las grandes empresas. Además se requiere implementar un gasto notable en protección social que supere las desigualdades del sistema.
De continuar en esta línea tendremos una sociedad dividida entre ricos y pobres, y con un futuro desesperanzador para gran parte de la sociedad que, debido a las políticas de austeridad, ve imposible salir de la situación al que le ha abocado el propio sistema.