Naranjas, limones, aceite de oliva y hortalizas, es decir, productos estrella de la dieta mediterránea, van a ser los cultivos más afectados por la nueva normativa europea de uso de pesticidas, herbicidas y abonos aprobada por el Parlamento Europeo. Los agricultores españoles ya han dado la voz de alarma, y afirman que pueden sufrir pérdidas en las cosechas de hasta el 80% en cítricos y olivos, según la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Andalucía.La nueva normativa retirará del mercado las sustancias que se consideren "muy peligrosas". Según un estudio previo de la Agencia Química Sueca, serán 22 los productos químicos que se prohíban, aunque desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) aseguran que el sector aún no sabe cuántas sustancias van a ser afectadas. "Hay cultivos para los que sólo vale un producto o dos y, sin la sustancia adecuada, los parásitos podrán mutar más fácilmente, se pueden hacer resistentes y nos pueden dejar sin producción", lamenta José Ramón Díaz, técnico de Asaja.
Dos años de negociaciones
El llamado paquete pesticidas comprende un reglamento sobre autorización de sustancias tóxicas y una directiva sobre su uso sostenible. La normativa ya está a la espera de su ratificación por el Consejo de Ministros de la UE, después de dos años de negociaciones durante las que se han ido suavizando las restricciones. Aun así, en el sector agrícola hay mucha incertidumbre. "Antes se establecían criterios para autorizar las sustancias, ahora se establecen criterios de exclusión. Se necesita un análisis más pormenorizado de cada sustancia", critica Javier Alejandre, técnico de UPA.
Las "sustancias químicas muy peligrosas" son, especialmente, las que se consideran cancerígenas, mutagénicas (que pueden producir alteraciones genéticas hereditarias) y los disruptores endocrinos (que pueden alterar el sistema hormonal y ocasionar daños en la salud). También se eliminan los pesticidas dañinos para las abejas de miel. El problema es, según Pilar Ayuso, europarlamentaria del PP y ponente de la comisión que ha llevado este asunto, que no se ha hecho un estudio riguroso que pueda demostrar si son dañinas según su forma de uso. "Se prohíbe el producto que se coloca en las trampas para la mosca de la fruta, que en sí es peligrosa, pero que no tiene por qué serlo de la manera en que se utiliza, porque no entra en contacto con la fruta", advierte Ayuso.
En el mismo sentido habla Alejandre: "Es necesario ver el efecto real que tiene la sustancia en función de la dosis y de la aplicación". "Nos preocupa que se hayan tomado las decisiones sin los estudios pertinentes, porque nos jugamos mucho con la producción agrícola", añade Ayuso. En todos los frentes se ha criticado la falta de un estudio de impacto social y económico que acercase la normativa a las circunstancias reales de los cultivos. Lo ha hecho María Sornosa, europarlamentaria del PSOE que ha trabajado en la comisión, aunque cree que "es un acuerdo que, sin satisfacer a nadie, puede resultar adecuado para todos". Según ella, los plazos establecidos y las excepciones dan suficiente margen a los agricultores. La normativa permite prórrogas de hasta cinco años para encontrar alternativas a los productos y establece excepciones especiales para situaciones extremas, en las que sea necesario eliminar la plaga y no haya otra forma de hacerlo. Para UPA, no obstante, los plazos son insuficientes y ya han pedido "una moratoria que permita ganar tiempo para investigar y poner en marcha alternativas".
"Existen una serie de cultivos, especialmente minoritarios como apio, zanahorias o alcachofas, para los que sólo vale un producto, y ésos son los que más riesgo corren de desaparecer", afirma Miguel Vela de la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex). Desde la federación confían en que en la lista de sustancias prohibidas impere el "sentido común" y no se vaya contra las producciones sin alternativas. Luis Orodea, subdirector general de medios de producción del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, considera que la agricultura española no corre grandes riesgos. "La norma es equilibrada, las primeras posiciones de la comisión eran mucho más restrictivas. Con la anterior directiva se pasó de más de 1.000 pesticidas activos permitidos a 280. Por tanto, el de ahora no es un cambio excesivo para los productores".
Desde el campo, la visión es distinta. "Si los productos se siguen limitando tanto, van a empezar a importarse a terceros países donde pueden estar tratados con los fitosanitarios prohibidos. Como no hay control de fronteras, los prohibimos, pero al final nos los comemos", critica el técnico de Asaja. Ayuso va en la misma línea: "Hay hipocresía. La UE prohíbe pero no controla las fronteras. Es más fácil prohibir que controlar".
"La competencia desleal que pueden hacer terceros países, más el lógico encarecimiento de las sustancias activas si disminuye la oferta van a repercutir necesariamente en el aumento del coste de producción, lo que también podría ocasionar un aumento del precio final, sobre todo si disminuye la producción total". Son las conclusiones de Alejandre. En Aepla, Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, que reúne a productores de fitosa