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Las inversiones extranjeras en el sector de la agricultura pueden socavar los derechos fundamentales de la ciudadanía

Un informe analiza el aumento de tensiones existentes entre inversión extranjera y el cumplimiento del derecho interno de los Estados

Columbia Center on Sustainable Investment, junto con el International Institute for Environment and Development y el International Institute for Sustainable Development  han publicado “Inversiones en agricultura. Bajo el Derecho Internacional de inversiones”, un informe motivado por el aumento de la inversión a gran escala en agricultura, silvicultura y pesca,  que preocupa debido a la explotación y presión que se está generando sobre la tierra y los recursos naturales.

Las leyes internacionales de inversión juegan un papel fundamental en la gobernanza de los países. El derecho internacional de inversiones se basa en tratados vinculantes entre dos o más Estados para proteger las inversiones extranjeras en el país. Por lo general se requiere que los inversores extranjeros tengan un tratamiento diferente a los nacionales y  no menos favorable a otros extranjeros.  La mayoría de los tratados de inversión tienen una serie de controversias y en muchas ocasiones los inversores presentan reclamaciones a los Estados.

Un hecho preocupante es que las obligaciones establecidas por los tratados de inversión pueden tener profundas implicaciones para los titulares de derechos y para el interés público general. Por ejemplo, puede haber medidas o acuerdos que interfieran en la protección del medio ambiente o en la implementación de políticas ambientales y sociales en los países, como es la eliminación de subsidios gubernamentales a los productores o la restricción de exportaciones.

Es habitual que, si las medidas que toma el Estado afectan al inversor, éste reclame al Investor State Arbitration alegando que el Estado ha violado su obligación de proporcionar imparcialidad y trato justo. Los tratados de inversión pueden crear obligaciones estatales que compitan con la legislación nacional y con otros ámbitos del derecho internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ocasiones  es el Estado el que se ve en la situación de elegir cuál de estas legislaciones cumple y esto implica que se limite el espacio de política requerido por el Estado. 

Ahora mismo, las inversiones  públicas y privadas en agricultura están siendo definidas por la Agenda 2030 y, por ello, los responsables de las políticas buscan facilitar inversiones que promuevan la seguridad alimentaria, la nutrición, la igualdad y el clima.

Las inversiones en los sectores agrícolas afectan a un amplio número de actores. Los últimos años se han dado oportunidades para que los grupos locales lleven los asuntos que les conciernen a la atención del Tribunal, pero su influencia es limitada en las disputas que implican tensiones relacionadas con los impactos de las inversiones.

El trabajo recoge además una serie de recomendaciones para que los responsables políticos puedan abordar el reto de garantizar inversiones manteniendo el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Se recomienda que se evalúen los costos y beneficios de estas inversiones o que se establezcan procesos que promuevan la transparencia y participación significativa de todos los actores.

Para futuros  tratados, consideran que sería necesario crear un espacio para la consulta pública y participación en los procesos de política de inversión  o que las obligaciones se implementen teniendo en cuenta el cumplimiento del derecho interno o también cumplir normas para invertir responsablemente.

Con  respecto a los tratados que ya existen, se apunta a establecer un proceso de revisión de las múltiples partes para tomar balance de los mismos y evaluar cómo podrían socavar los ODS. Se debería establecer si los tratados deben ser dados por finalizados o renegociados y considerar otras opciones.

Las recomendaciones de este texto no tratan de ser exhaustivas, sino que pretenden ser un avance en esta problemática y abordar de mejor manera las implicaciones de estos acuerdos o tratados  en las políticas estatales y en los derechos fundamentales de las personas.