La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado su informe anual Seguimiento y evaluación de la política agrícola 2019 que supervisa y evalúa las políticas agrícolas de un grupo de países de los diferentes continentes. Esta edición incluye el análisis de un total de 53 países, entre los que están los 36 países de la OCDE, los 5 Estados miembros de la UE que no pertenecen a la OCDE y 12 economías emergentes (Brasil, República Popular China, Colombia, Costa Rica, Kazajistán, Filipinas, la Federación de Rusia, Sudáfrica, Ucrania, Vietnam y, por primera vez, India y Argentina).
Para hacer el análisis de estas políticas se usa un sistema integral de medición y clasificación de apoyo a la agricultura: las Estimaciones de Apoyo para Productores y Consumidores (PSE y CSE), la Estimación de Apoyo de Servicios Generales (GSSE) y los indicadores relacionados. Estos medidores informan sobre la política agrícola, que cada vez es más compleja de evaluar, y sirven para hacer un seguimiento y evaluación de estas políticas.
En esta edición se señala que los distintos gobiernos han proporcionado más de 500 millones de dólares en apoyo a agricultores durante el periodo 2016-2018, un apoyo que se hace en la mayoría de los casos de forma ineficaz y, según la OCDE, distorsionando el comercio. La OCDE considera que durante estos últimos diez años ha habido poco progreso en reformar y mejorar las políticas de apoyo agrícola. Muchas afectan a las decisiones comerciales y no consideran los objetivos de los gobiernos.
Este trabajo muestra que más de la mitad de los apoyos se proporcionan a través de políticas que mantienen artificialmente los precios nacionales de los productos agrícolas. Esto afecta directamente a los consumidores y sobre todo a los más vulnerables, además aumenta la desigualdad de ingresos entre las granjas pequeñas y grandes, y se reduce la competitividad en la industria alimentaria. También se señala que la mayoría de los países han experimentado un crecimiento de la productividad y han avanzado en el uso sostenible de los recursos naturales.
Según la OCDE los gobiernos pueden apoyar a los hogares y comunidades rurales sin que afecte a los mercados globales. La política agrícola en el futuro debe mejorar el acceso a la tecnología y al uso sostenible de recursos.