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Más allá del derecho a la alimentación

El tercero de los debates sobre el derecho a la alimentación y la protección social se centra en qué aspectos debe abordar una ley de seguridad alimentaria y nutricional
portada de la ficha que recoge el tercero de los debates sobre el derecho a la alimentación

La ley que garantiza la seguridad alimentaria, ¿debe restringirse al deber del Estado de proveer alimentos (en efectivo o en especie) como protección social o debe cubrir el deber de proteger las capacidades de un hogar de cultivar o adquirir alimentos suficientes?

En este debate surgió también la cuestión de que la seguridad nutricional no supone sólo consumir alimentos sino que además requiere la absorción de estos alimentos, lo que a su vez exige agua potable, saneamiento y atención de salud, entre otros. Por ello existe una corriente en la India que considera que una ley sobre seguridad alimentaria debe incluir también garantías relacionadas con estas condiciones y recoger garantías para que los agricultores cultiven alimentos de manera sostenible.

La mayoría de los 190 millones de personas que padecen hambre en la India vive en zonas rurales y depende de alguna forma del trabajo agrícola para subsistir. Los agricultores se ven obligados a desplazarse, sufren la falta de tierras, el hambre, el desempleo o la disminución de los salarios en comparación con otros sectores. Por lo tanto, los defensores de una ley más amplia consideraron que es necesario una legislación que mejore la subsistencia de las familias rurales, facilitando acceso equitativo a tierras, agua e insumos por parte de los agricultores, además de llevar a cabo una reforma agraria,  facilitar el acceso a créditos asequibles, mejorar las inversiones públicas en agricultura, investigación y desarrollo, entre otras medidas.
Los debates que se dieron no se refirieron a si era necesario abordar la crisis agrícola y revitalizar y desarrollar sistemas sostenibles de producción de alimentos sino en torno a si las medidas debían recogerse en una ley única de seguridad alimentaria que cubriera esos aspectos. Los que no estuvieron de acuerdo con una ley más amplia  argumentaron que añadir a la ley estos derechos la haría más difícil de ejecutar y financiar.

Las diferencias entre los que apoyaban una ley más amplia y los que no, fueron de nuevo aspectos más prácticos que de principios y al final se redactó una legislación más ligera que contemplaba sólo el aprovisionamiento de alimentos por parte del Estado.