En varias ocasiones se han ofrecido en esta web informaciones sobre el larguísimo proceso de elaboración de una ley sobre el derecho a la alimentación en el Perú (ver resumen de informaciones anteriores).
Hace un año, el proyecto de ley, después de haber sido aprobado por las Comisiones Agraria y de Inclusión Social, quedó frenado en en el trámite final de aprobación en el Pleno del Congreso por la petición de reconsideración presentada por la congresista fujimorista Martha Chavez. Tras meses de intensa actividad de organizaciones de la sociedad civil para desbloquear la aprobación de la ley, el 11 de junio pasado la reconsideración de la congresista Martha Chávez fue sometida a votación y desestimada por una amplísima mayoría, casi unanimidad. De esta forma, la ley quedó aprobada por el Pleno del Congreso, y se entendía que debía pasar a la consideración de la Presidencia del Consejo de Ministros, que podría pedir opinión a los Ministerios interesados, pudiendo hacer el Ejecutivo los comentarios que considere oportunos, en cuyo caso la ley volvería al Congreso para que éste considerara los señalamientos del Gobierno. Sin embargo, la ley no se remitió al Poder Ejecutivo debido a un informe de funcionarios de alto nivel del Congreso que, puesto que esta ley implica una modificación de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, se requiere una mayoría cualificada para aprobarla.
Según informaciones aportadas por organizaciones de la sociedad civil peruana, el 12 de noviembre de 2014 el Consejo Directivo del Congreso envió a archivo la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que ya había sido aprobada en dos Comisiones e inclusive en el Pleno. El Oficial Mayor del Congreso planteó a iniciativa propia la consideración señalada, lo que dejó a ley en el limbo. En diferentes momentos los Congresistas comprometidos con este tema reclamaron la solución en diferentes espacios, inclusive ante la Presidenta del Congreso. Han argumentado que en su momento no se advirtió de la necesidad de esta mayoría cualificada para que la votación hubiese sido consciente de este extremo. Ante esta situación, la Congresista Claudia Coari, del Grupo Parlamentario Dignidad y Democracia, junto con un grupo de congresistas, han vuelto a presentar la propuesta de ley el día 25 de noviembre, retirando el artículo referido a la Defensoría del Pueblo, que había sido motivo de la observación del Oficial Mayor.
La eliminación operada tiene una especial relevancia desde el punto de vista del derecho humano a la alimentación ya que el proyecto de ley que aprobó el Pleno del Congreso en junio pasado establecía que la Defensoría del Pueblo velará por el pleno respeto y ejercicio del derecho a la alimentación, así como al cumplimiento de los procesos, los reportes e informes de rendición de cuentas a que está obligada toda autoridad o funcionario encargado del manejo de recursos destinados a la SAN. También canalizará las reclamaciones derivadas de la vulneración del derecho a la alimentación y asumirá responsabilidad en la evaluación de la política de SAN.
Sería importante que se aclare si, desde un punto de vista jurídico y político, este nuevo episodio, que vuelve a retrasar y a rebajar las expectativas de una ley del derecho a la alimentación en Perú, ha sido respetuoso de las reglas democráticas. Es una verdadera lástima que se pierda la oportunidad de incorporar en este tema la actuación de la Defensoría del Pueblo.Accede al texto del nuevo proyecto de ley