Varias organizaciones y redes internacionales, al presentar un informe sobre el Derecho a la Alimentación en Guatemala, han llamado la atención nacional e internacional sobre la situación de hambre y desnutrición El informe de la misión, elaborado por una amplia coalición de organizaciones internacionales (FIAN, CIFCA, CIDSE, FIDH, OMCT, APRODEV) fue entregado el día 8 de marzo en Ginebra al Relator Especial del derecho a la alimentación de Naciones Unidas, Olivier De Schutter, y es presentado en Guatemala el día 9 de marzo, en un foro convocado con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatelama (COPREDEH).
Entre las principales recomendaciones del informe al Estado de Guatemala, se destacan:
Declarar la promoción y protección del derecho a la alimentación una prioridad nacional, garantizando su aplicación consecuente y coherente en todas las políticas y actuaciones del Estado que tengan un impacto en la situación alimentaria a nivel de hogar, comunidad, municipio, departamento o la nación.
Adoptar políticas de desarrollo rural integral, siendo necesario un presupuesto apropiado para la ejecución de las aprobadas Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural Integral, y la pronta aprobación de la Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral.
Declarar una moratoria a los desalojos forzosos, mientras que no exista una legislación y procedimientos administrativos coherentes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia del derecho a la alimentación y vivienda, y elaborar, en coordinación con organismos internacionales de derechos humanos y la sociedad civil, directrices legales y administrativas para la aplicación y protección de derechos humanos en el marco de conflictos agrarios.
Adoptar a nivel municipal, departamental y nacional planes de ordenamiento territorial que prioricen la democratización del acceso y tenencia de la tierra y la realización de la reforma agraria integral, fomenten la agricultura familiar campesina, protejan las tierras y los territorios de los pueblos indígenas y preserven los recursos naturales. Estos planes deberían ser elaborados con plena participación de la población rural y las organizaciones que la representan.
Detener la expansión de la producción de agrocombustibles, dando prioridad a la producción sostenible de alimentos y a la superación de la crisis alimentaria mediante el fomento de la agricultura y de la economía campesina e indígena.
Revisar la Ley de Minería a partir del pleno reconocimiento del Convenio 169 de la OIT y de los resultados de las consultas comunitarias, considerando la prohibición del uso de cianuro en la minería, garantizando el derecho a la alimentación y al agua, previniendo procesos de desertificación y de deterioro ambiental, y asegurando una justa distribución de las ganancias.
Considerando que hay una deuda histórica con las mujeres, es necesario que todas las políticas públicas y programas incorporen efectivamente la dimensión de género y los derechos igualitarios de las mujeres, con énfasis en las mujeres campesinas, indígenas y las madres en situación de vulnerabilidad social.
Que las políticas y programas sociales que impulsa el gobierno sean más equitativos y democráticos, y que se conformen a los principios de derechos humanos de la participación, transparencia, no discriminación y rendición de cuentas, evitando su instrumentalización con fines políticos.
Tomar medidas para asegurar la efectiva protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos e institucionalizar la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos.
Detener y prevenir cualquier actuación conducente a la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y activistas del movimiento campesino, indígena y sindical.
Que las denuncias relativas a violaciones de los derechos humanos sean prontas y eficazmente investigadas y asumidas con responsabilidad con el fin de poner término a la impunidad, aun en situaciones en que exista interferencia de intereses económicos y políticos.
Fortalecer, democratizar y diversificar el sistema de recaudación fiscal, para incrementar las capacidades públicas del Estado, especialmente en los aspectos destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La misión internacional compuesta por las mencionadas organizaciones y redes visitó Guatemala a invitación de varias redes y organizaciones guatemaltecas: el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinadora Nacional Indígena CamAccede al texto completo del informe