El 5 de mayo de 2013 se ha producido la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del PIDESCAsí como los derechos civiles y políticos cuentan con un sistema de protección importante, respaldado desde hace muchos años por un Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para dotar de fuerza jurídica su defensa, para los derechos económicos, sociales y culturales el correspondiente Pacto sólo establece con carácter general un criterio de efectividad progresiva de estos derechos, de manera que los Estados firmantes asumieron solamente un compromiso de ir incrementando progresivamente su efectividad, debiendo tener una trayectoria activa en la adopción de medidas y teniendo como límite la disponibilidad de recursos.
Fueron necesarios muchos años y muchas discusiones hasta que en la Asamblea de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 2008, el mismo día que se cumplían 60 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos,se aprobó el Protocolo Facultativo del PIDESC. Sin embargo, su entrada en vigor requería un mínimo de 10 ratificaciones, que se han alcanzado con la ratificación por parte de Uruguay el pasado 05/02/2013.
El Protocolo Facultativo establece un mecanismo de acceso a la justicia a nivel internacional para las personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales han sido violados. Son innumerables las personas que en todo el mundo, especialmente las que viven en la pobreza y sufren discriminación, soportan violaciones de sus derechos y la negación de justicia a nivel nacional. El Protocolo Facultativo les permitirá el acceso a la justicia a nivel internacional y al mismo tiempo apoyará los esfuerzos para que haya recursos efectivos disponibles para que las victimas puedan acceder a estos derechos en sus países.
El Protocolo Facultativo transmite un mensaje claro e inequívoco sobre la importancia y el igual valor de todos los derechos humanos: todos los derechos deben ser protegidos, respetados y cumplidos, sin ninguna excepción.
Aunque 42 países han firmado el Protocolo Facultativo, sólo 10 lo han ratificado hasta la fecha: Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia, Portugal y Uruguay.
Al menos para estos países se abre una nueva etapa en la defensa de los derechos humanos.