Los gobiernos tienen 10 años para recuperar el control de la audaz Agenda 2030 y su meta de erradicar el hambre y la malnutrición. Ceres2030 es un experimento diseñado para ayudar con el desafío. Científicos de la Universidad de Cornell, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), utilizando la última tecnología de inteligencia artificial, han investigado minuciosamente los instrumentos y acciones más efectivos para acabar con el hambre en todo el mundo en 2030 y de manera duradera. También han calculado los costos de este esfuerzo.
El estudio llega en un momento crítico. Las dramáticas consecuencias de la crisis del COVID-19 están exacerbando el sufrimiento de los más vulnerables, especialmente en las regiones más pobres del mundo. Para ellos, la pandemia de COVID-19 también es una pandemia de hambre. Con esto en mente, el próximo año la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU lanzará nuevas acciones, soluciones y estrategias audaces para lograr avances en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada uno de los cuales se basa en alimentos más saludables, más sostenibles y más equitativos.
Para erradicar el hambre en los diez años que quedan, ocho equipos de Ceres2030, con 77 investigadores de 53 organizaciones de 23 países recogieron las soluciones más prometedoras. Los investigadores formularon diez recomendaciones clave sobre el tipo de intervenciones que funcionan y concluyen que se necesitarán aproximadamente 330.000 millones de dólares en fondos adicionales en el período hasta 2030, en otras palabras, 33.000 millones de dólares al año (28.000 millones euros). Estos expertos creen que sería realista que los países donantes proporcionaran un promedio de 14.000 millones de dólares al año, y los países de ingresos bajos y medianos, 19.000 millones. Parece un esfuerzo económico grande, pero espequeño comparado con los 1.917.000 millones de dólares que se destinan cada año a proyectos militares y de armas.
El equipo del proyecto, empleando un modelo económico complejo y riguroso y herramientas de aprendizaje automático de vanguardia, se asoció con Nature Research y se centró en las respuestas a dos preguntas vinculadas: Primero, ¿qué nos dice la evidencia publicada sobre las intervenciones agrícolas que funcionan, en particular, para duplicar los ingresos de los pequeños productores y mejorar los resultados ambientales para la agricultura? Y segundo, ¿cuánto les costará a los gobiernos acabar con el hambre, duplicar los ingresos de los pequeños productores y proteger el clima para 2030? El proyecto se centra en tres de las cinco metas del ODS 2 y analiza el gasto público necesario en los países de ingresos bajos y medianos, incluida la contribución de los donantes a través de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD).
La investigación muestra que las intervenciones agrícolas son más efectivas con una población que disfruta de al menos un nivel mínimo de ingresos, educación, con acceso a redes y recursos como servicios de extensión e infraestructura robusta. Ya sea que la intervención sea cultivos resistentes al clima, pertenencia a una organización de agricultores o reducción de pérdidas de cultivos, este umbral mínimo es importante.
Tanto la síntesis de evidencia como el modelo muestran que es mucho más efectivo crear carteras integradas de intervenciones en lugar de buscar mejoras de forma aislada. Las intervenciones también son más exitosas si están diseñadas para alcanzar objetivos complejos, como prestar atención a la comerciabilidad de un cultivo y no solo a su resiliencia climática o resistencia a plagas. La evidencia de estudios de pequeñas y medianas empresas (PYMES) que trabajan con pequeños productores en el sector informal muestra un éxito significativo en la vinculación de los productores con los mercados, particularmente en África. Es importante destacar que una gran parte de estas PYME prestan otros servicios vinculados, como la creación de capacidad y el acceso a crédito. Las PYMES se correlacionan con mayores niveles de adopción de tecnología y productividad entre los pequeños productores.
De la investigación surgieron diez recomendaciones sobre cómo aumentar la eficacia del gasto público en intervenciones agrícolas:
- Facilitar la participación en organizaciones de agricultores.
- Invertir en programas vocacionales para jóvenes rurales que ofrezcan capacitación integrada en habilidades múltiples.
- Ampliar los programas de protección social
- La inversión en servicios de extensión, especialmente para las mujeres, debe acompañar a los programas de investigación y desarrollo.
- Las intervenciones agrícolas para apoyar prácticas sostenibles deben ser económicamente viables para los agricultores.
- Apoyar la adopción de cultivos resistentes al cambio climático.
- Incrementar la investigación sobre regiones con escasez de agua para ampliar las intervenciones efectivas a nivel de finca para ayudar a los pequeños productores.
- Mejorar la cantidad y calidad de la alimentación del ganado, especialmente para las explotaciones comerciales de pequeña y mediana escala.
- Reducir las pérdidas postcosecha ampliando el enfoque de las intervenciones más allá del almacenamiento de cereales, para incluir más eslabones en la cadena de valor y más cultivos alimentarios.
- Invertir en la infraestructura, regulaciones, servicios y asistencia técnica necesarios para apoyar a las PyMEs en la cadena de valor.