La FAO presenta en diez fichas la publicación de Harsh Mander Abastecimientos de alimentos por el Estado como Protección Social. Un trabajo que trata los principales temas debatidos durante el desarrollo y la aprobación de la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria de la India (2013) que puede servir de referencia para otros países que desean garantizar de manera universal el derecho a la alimentación.
El primero de los debates gira en torno a si el Estado debe o no abastecer de alimentos a su población. Para abordar esta cuestión la India aprovechó su larga trayectoria con distintas formas de abastecimiento de alimentos (raciones subsidiadas o alimentación infantil). La obligación mínima del Estado, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), es garantizar que no se sufra hambre, sin embargo la opinión pública de la India sigue dividida sobre las ventajas de su ley de alimentación (que exige gasto público para el abastecimiento de alimentos) y el papel de Estado.
Por un lado una gran parte de economistas y expertos en políticas públicas creen que sólo el crecimiento económico puede superar la pobreza, y por ello lo principal es que los Estados incentiven la inversión privada y reduzcan la acción del Estado en cuanto al gasto público y la regulación. Otras razones para no llevar a cabo programas de abastecimiento de alimentos por parte del Estado son: la desincentivación del empleo al producirse la dependencia, un alto costo del abastecimiento de alimentos que incrementará el déficit y estimulará la inflación o la corrupción o falta de capacidades del Estado en estos programas.
Sin embargo, hay otra visión que considera que las poblaciones desfavorecidas requieren intervenciones directas que aseguren protección, independientemente del desarrollo económico. Esta idea se basa en haber observado que el desarrollo económico de la India (habiendo llegado a ser la segunda economía de crecimiento más rápido en el mundo en la primera década de este siglo) no ha erradicado el hambre y la malnutrición en el país, en el cual un niño de cada dos está malnutrido.
Esta visión requiere un abanico de estrategias que aborden las causas de la pobreza y el hambre; aunque se incluye estimular el crecimiento económico es necesario implementar otras medidas, como políticas públicas para acelerar el crecimiento agrícola sostenible, aumentar la equidad social y de género u ofrecer un empleo seguro y decente. Sin embargo hasta que esto se consolide es necesario que el Estado proporcione alimentos durante el tiempo que sea necesario. Desde este punto de vista estas medidas son una inversión que se traducirá en trabajadores bien alimentados, importante para su productividad y para su motivación, y niños/as que podrán en un futuro desarrollar su pleno potencial.
La Corte Suprema de la India sostiene que el derecho fundamental a la vida es un derecho humano positivo y universal necesario para una vida digna. Esto incluye el derecho a la alimentación y por ello se decidió transformar el abanico de programas de abastecimiento de alimentos y protección social en derechos legales y universales.