Berlín acogió, de los pasados 8 al 10 de diciembre, la VII Conferencia Internacional de Políticas contra el Hambre, organizada por el gobierno alemán bajo el lema, en esta ocasión La alimentación es un derecho humano. Más de doscientos representantes de gobiernos y sociedad civil de diversos países, entre los que se encontraba la campaña Derecho a la alimentación. Urgente, analizaron y debatieron estrategias y políticas para intentar acabar con el hambre que sufren hoy, en todo el planeta, más de 963 millones de personas.
En un contexto nada halagüeño: mientras una parte del planeta se enfrenta a una crisis financiera que cuestiona, sin duda alguna, el actual modelo de desarrollo, otra parte intenta sobrevivir a una crisis alimentaria que ha engordado en 75 millones la ya de por si larga lista de personas que ven violado un derecho tan básico como el derecho a la alimentación. Esta circunstancia impulsó a los participantes a solicitar y esperar el abandono de los postulados teóricos y el avance hacia acciones realmente efectivas para la consecución de la seguridad y soberanía alimentarias. Con irregulares resultados.
Con el eje central y transversal del derecho a la alimentación como derecho humano fundamental, cinco fueron los principales puntos de análisis del encuentro: el acceso a los recursos naturales como condición para la realización del derecho a la alimentación; las experiencias en la implementación de las Directrices Voluntarias del derecho a la alimentación; el derecho a la alimentación como criterio para la coherencia de políticas internacionales; el derecho a la alimentación en las estrategias para aliviar la crisis alimentaria y la justiciabilidad del derecho a la alimentación. En relación con el acceso a los recursos naturales, se planteó el marco de la seguridad alimentaria como punto de partida, básico, para la realización del derecho a la alimentación, es decir, el acceso a los recursos suficientes -agua, tierra, crédito, semillas- para satisfacer las necesidades humanas básicas de alimentación y producción. Se remarcó también la importancia de cumplir con los acuerdos ya contraídos por la comunidad internacional para la consecución de este objetivo y la no necesidad de alumbrar ninguna declaración, acuerdo o tratado más, dado que en perfecto vigor están los acuerdos resultantes de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 o las Directrices Voluntarias de 2004, por ejemplo. Sobre las experiencias de implementación de las citadas Directrices Voluntarias, los grupos de trabajo hicieron una serie de recomendaciones a la FAO para que exija a sus países miembros el seguimiento y materialización de las mismas, analizando, a su vez, el papel que desempeña un Fondo como la FAO, creado en 1951 con el único propósito de acabar con el hambre en el mundo.
Con respecto al derecho a la alimentación como criterio para la coherencia de políticas, se hizo hincapié en la urgencia de priorizar el respeto a este derecho por encima de los intereses económicos de los países y las regiones, para conseguir realmente una coherencia de políticas que haga de la cooperación un principio transversal de la acción de los gobiernos. Como los representantes de los países del Sur manifestaron, es imprescindible respetar las prioridades de los países receptores a la hora de recibir e invertir la Ayuda Oficial al Desarrollo, así como facilitar la apropiación por parte de los beneficiarios de sus propios procesos de desarrollo. En este sentido, hay que proteger realmente a los trabajadores del mundo rural, ya que, paradójicamente, tres de cada cuatro hambrientos, el 75% de las personas que ven violado su derecho a la alimentación, son productores de alimentos a los que luego no pueden acceder.
En este punto, los debates aludieron a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE y de las subvenciones a las producciones de otras regiones desarrolladas, que dejan fuera del mercado a los productores del sur. A la hora de hablar del derecho a la alimentación en las estrategias de resolución de la actual crisis de precios, se planteó la urgencia de volver a poner la alimentación en el centro de las políticas agrícolas y comerciales, especialmente cuando la fuerte subida en los precios de los alimentos se ha debido, en gran parte, a la especulación con ellos en los mercados de futuro y al renovado atractivo de la inversión en materias primas.
El papel a desempeñar por los agrocombustibles también se puso sobre la mesa de debate, a petición de los representantes de organizaciones del Sur, que pidieron una reflexión sobre la competencia por los recursos naturales que se establece entre los cultivos destinados a satisfacer las necesidades humanas y los cultivos dedicados a producir materias para convertirlas en carburantes de origen vegetal. La vuelta al monocultivo y la sostenibilidad social de los agrocombustibles también fue señalada a la hora de analizar las repercusiones reales de este tipo de producciones.