Carlota Merchán, coordinadora de la campaña, analiza en este artículo los retos que presenta la crisis alimentaria actual y la necesidad de un compromiso firme y eficaz que priorice la realización del derecho a la alimentación de todos los ciudadanos del planeta. La FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) contabilizó en 2008 la existencia de 963 millones de personas hambrientas, 115 millones más que en 2005. Ante esta situación, la pregunta que está en el debate público es si vamos a ser capaces de seguir permitiéndolo o si estamos dispuestos a ceder una parte de nuestros intereses particulares para revertir esta situación. El 26 y 27 de enero se reunieron en Madrid en la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad alimentaria para tod@s (RANSA) delegaciones de más de 126 países, representantes del sector privado, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales y directores y responsables de agencias de Naciones Unidas.
Tras dos días de intensos debates, la reunión de Madrid se presenta como el comienzo de un proceso hacia una nueva arquitectura de la lucha contra el hambre en la que deben participar todos los actores con alguna responsabilidad en el tema y que debe construirse en el seno de las Naciones Unidas, para no caer en el multilateralismo paralelo tan en boga los últimos años. La crisis alimentaria está provocada por factores endógenos, exógenos y políticos. Y las previsiones indican que no se trata de una crisis coyuntural sino que los precios de los alimentos seguirán siendo elevados en el futuro. Por lo tanto, el hambre del siglo XXI no se va a resolver por más fondos adicionales que se destinen a programas de seguridad alimentaria si no se abordan las causas de fondo que nos han conducido a la situación actual.
La crisis alimentaria no se puede desvincular de las crisis energética, financiera y de cambio climático que afectan al planeta y es esa multifactorialidad y complejidad de factores lo que hace imprescindible la coordinación. Las circunstancias nos obligan a todos a reconocer la necesidad de un cambio de paradigma, de reformar los instrumentos existentes de manera que abrir una línea de crédito para abordar una crisis no se demore un año. Son necesarios mecanismos de gestión ágiles, así como la rendición de cuentas mutua, también por parte de las ONG.
Se quedan solas las voces que proponen como solución al hambre un aumento de la producción y que omiten cuestiones básicas como la regulación de los mercados de futuros, la inmoralidad de la especulación con los alimentos o las políticas de venta de tierras a corporaciones multinacionales para otros usos que la alimentación de las personas. En palabras del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, es urgente acabar con un orden económico internacional que se mueva por la avaricia, por el enriquecimiento sin mirar a los demás y por la falta radical de transparencia. No son necesarias medidas de ayuda sino de justicia, una revisión del modelo de desarrollo, de la gobernanza mundial que condena a millones de personas al hambre y la miseria. Y esto no se resuelve con planes milagros de incrementar la productividad por hectárea.
Mantener los actuales marcos de actuación significaría repetir los fallos que se vienen arrastrando hasta ahora y aumentar la cuenta de personas hambrientas Los Estados deben establecer políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional fundamentadas en el derecho a la alimentación y cumplir las obligaciones que este derecho entraña para ellos, incluida la cooperación internacional. La gobernanza mundial, en suma, debe renovarse para dar respuesta a la complejidad de los problemas del siglo XXI y el proceso iniciado estos días en Madrid puede suponer el punto de inflexión que venimos reclamando desde la sociedad civil.