Por Daniela Estrada. Organizaciones ecologistas, de agricultores orgánicos y mujeres indígenas rechazan un proyecto que amplía los derechos de los desarrolladores de nuevas variedades vegetales.Organizaciones ecologistas, de agricultores orgánicos y mujeres indígenas rechazan un proyecto que amplía los derechos de los desarrolladores de nuevas variedades vegetales. El gobierno y las empresas de semillas descartan impactos negativos sobre los pequeños agricultores y la biodiversidad.
El 19 de este mes, 11 organizaciones sociales lanzaron una campaña de recolección de firmas contra el proyecto de ley que regula los derechos del obtentor de variedades vegetales impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet.
Detrás de la campaña, denominada "Por la no privatización de las semillas", están, entre otros, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile y la Agrupación de Consumidores de Linares.
El proyecto define como "obtentor" a aquella persona natural o jurídica que ha creado o descubierto y puesto a punto una variedad vegetal "nueva", "distinta", "homogénea" y "estable".
Los derechos del obtentor, que ahora regirán por 25 años para los árboles y vides y por 20 años para las demás especies, se constituyen a través de la inscripción de la creación en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas.
Entre los derechos establecidos para los desarrolladores figuran los de preparar el material para los fines de propagación, producir material de propagación, vender, ofertar o publicitar dicho material, comercializarlo, importarlo o exportarlo, y emplear repetidamente la variedad para la producción comercial de otra variedad.
El texto señala que los propios obtentores tendrán la obligación de denunciar a quienes infrinjan la normativa.Artículo completo