La protección social permite hacer frente a las vulnerabilidades de los hogares rurales y desempeña un papel fundamental en la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional y la reducción de la pobreza rural. La predictibilidad de los instrumentos de protección social permite a las familias gestionar mejor los riesgos, y su impacto es mayor si se coordinan con estrategias más amplias de seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo rural y de reducción de la pobreza.
Alrededor del 73 % de la población mundial no tiene acceso a medidas de protección social. La mayoría viven en las zonas rurales de los países en desarrollo y muchos de ellos dependen de la agricultura para ganarse la vida. Los hogares rurales pobres ya sufren limitaciones por el escaso acceso a los recursos, la baja productividad agrícola y mercados que operan de forma inadecuada, lo que reduce su capacidad para hacer frente a los vaivenes y las crisis económicas y naturales que amenazan sus medios de subsistencia.
Facilitarles acceso a protección social les ayuda a gestionar mejor los riesgos sociales y económicos y las amenazas ambientales a los que están expuestos. A través del apoyo directo a los ingresos de los hogares más vulnerables, la protección social ayuda a aliviar la pobreza extrema y a superar la inseguridad alimentaria. Al mismo tiempo, al proporcionar más seguridad en los ingresos e invertir en los medios de vida rurales, la protección social puede contribuir a mejorar la productividad agrícola, estimular el desarrollo económico local, crear resiliencia, fomentar los usos sostenibles de los recursos naturales y promover la inclusión social. La OIT estima que bastaría con menos del 2 por ciento del PIB mundial para proporcionar un paquete básico de prestaciones de seguridad social a todos los pobres en el mundo.
Si se diseña adecuadamente, la protección social tiende a beneficiar a las mujeres, al tiempo que promueve su empoderamiento económico y social. Del mismo modo, también puede beneficiar a los niños y a los jóvenes, ya que la protección social contribuye a mejorar los resultados nutricionales y de salud, a la vez que la seguridad de ingresos de los hogares permite que los jóvenes permanezcan en la escuela más tiempo y los programas de “dinero en efectivo por trabajo” ayudan a mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes.
El Panel de Expertos de Alto Nivel del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (HLPE-CFS) dedicó uno de sus informes del año 2012 al tema de la protección social. Entre las principales ideas identificadas por el informe podemos destacar:
- La vulnerabilidad de los hogares a la pobreza y al hambre suele estar asociada principalmente con las amenazas a los medios de vida y puede aumentar con el tiempo si los hogares deben enfrentarse a crisis repetidas que erosionan de manera constante sus activos. Una de las funciones de la protección social es crear redes de seguridad para evitar que esto suceda, por ejemplo proporcionando transferencias de efectivo o de alimentos o empleo en obras públicas durante los períodos de crisis y durante la 'estación del hambre' anual como una alternativa para que las familias pobres no tengan que vender los activos productivos o sacar a los hijos de la escuela para poder comprar alimentos, lo que contribuye a la reproducción en el largo plazo de la pobreza.
- La protección social abarca una nutrida serie de instrumentos diseñados para hacer frente a la vulnerabilidad de la vida y los medios de subsistencia de las personas, tales como: la previsión social, que ofrece protección contra los riesgos y adversidades a lo largo de toda la vida; la asistencia social, que proporciona transferencias en efectivo y en especie para apoyar a los pobres y fomentar sus capacidades; y los esfuerzos en pro de la inclusión social, que mejoran la capacidad de las personas marginadas para participar plenamente en la vida económica y social y acceder a la protección social y otros servicios sociales.
- El hecho de que el acceso a los alimentos y la protección social sean derechos humanos universales reconocidos por la mayoría de los Estados constituye el fundamento de un enfoque de implementación más eficaz y equitativo, en especial cuando estos derechos se recogen en una legislación nacional apropiada y cuando se introducen en los programas mecanismos que los refuerzan haciendo que dejen de ser ‘dádivas’ y pasen a ser derechos justiciables.
- Las diversas causas de la inseguridad alimentaria pueden contrarrestarse mediante un amplio abanico de medidas de protección social. No obstante, cabe señalar que si estas medidas se complementan con otras opciones como la creación de empleo y los servicios de extensión agrícola, las soluciones pueden ser más sostenibles en el largo plazo. La producción de alimentos por los pequeños agricultores puede incentivarse mediante la concesión de subvenciones a los insumos, mientras que las malas cosechas o las pérdidas de ganado pueden compensarse gracias a los seguros agrícolas. El desempleo o el subempleo se pueden encarar, al menos temporalmente, mediante programas de obras públicas. Los problemas de acceso al mercado de alimentos se pueden afrontar desde el lado de la demanda (estabilización de precios de los alimentos, subvenciones a los precios) o desde el lado de la oferta (gestión de las reservas de grano). El acceso inadecuado a los alimentos se puede encarar directamente mediante transferencias de alimentos (alimentación complementaria, alimentación escolar) o de dinero en efectivo (condicional o incondicional). Si bien la protección social se asocia principalmente con las transferencias sociales, este desglose muestra que la gama de opciones es mucho más amplia. En la actualidad existen suficientes datos empíricos sobre la mayoría de estos instrumentos como para poder extraer enseñanzas acerca del diseño y la implementación de marcos integrales que combinen de manera eficaz diversos instrumentos en un sistema de protección social coherente.