Con motivo del 15 aniversario de la aprobación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación, se ha publicado recientemente el informe Quince años de implementación de las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Revisión de los avances hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.
Las Directrices fueron aprobadas en el 127° período de sesiones del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en noviembre de 2004. Su objetivo principal fue orientar la práctica de los Estados para cumplir las metas marcadas en el Plan de Acción de la I Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996.
Son consideradas el primer intento por parte de los gobiernos para interpretar un derecho económico, social y cultural, fuera del ámbito específico de los derechos humanos. La implementación de estas Directrices es voluntaria y pretenden lograr el derecho humano a la alimentación a través de leyes, políticas y programas de seguridad alimentaria y nutricional. Incluyen recomendaciones en diversos asuntos como acceso a recursos naturales, educación o nutrición.
Durante estos 15 años las Directrices han influido en la agenda global para erradicar el hambre y desde ellas se ha hecho un llamamiento para transformar el modelo actual e implementar políticas que mejoren la vida de las personas más vulnerables, garantizando servicios y derechos para todos. Son imprescindibles para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este informe revisa lo qué han hecho los países, organizaciones y grupos a nivel global, regional y nacional para defender el derecho a la alimentación y reúne diferentes experiencias surgidas en todo el mundo que han provocado cambios positivos.
Hasta el momento unos 30 países reconocen de manera explícita en sus constituciones el derecho a la alimentación. Incluir el derecho a una alimentación adecuada en la constitución es la forma más notoria de protección legal y supone un pronunciamiento firme para garantizar el derecho a una alimentación adecuada de su ciudadanía.
Por otro lado, en diferentes partes del mundo se han implementado una serie de leyes relacionadas con la seguridad alimentaria, la alimentación escolar, la agricultura familiar, el etiquetado y las pérdidas y desperdicio de alimentos, entre otras, que afectan al derecho a la alimentación.
Una de las principales conclusiones de este informe es que no es necesario ningún contexto o situación determinada para adoptar medidas destinadas a implementar las Directrices. La voluntad de los diferentes actores es un denominador común esencial para garantizar la adopción de medidas concretas y determinantes para que todas las personas, sin discriminación alguna y centrándose en los grupos vulnerables, puedan alimentarse con dignidad.
Este informe presenta también una serie de desafíos a los que nos deberemos enfrentar en un futuro, como son la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, los efectos del cambio climático, las crisis prolongadas debidas a los conflictos o riesgos naturales y el acceso a los recursos y mercados.
En estos 15 años es evidente que ha habido un cambio generalizado y muchos países han adoptado medidas que abordan algunas causas que obstaculizaban el derecho a la alimentación. Sin embargo, todavía queda un largo camino y estas Directrices pueden contribuir de forma positiva a esos esfuerzos.