En América Latina y Caribe siguen produciéndose experiencias de llevar la regulación del derecho a la alimentación a los ordenamientos jurídicos locales.La XVIII Asamblea Ordinaria celebrada por el Parlamento Latinoamericano a final de noviembre 2012 aprobó la Ley marco sobre el derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria.
Actualmente la región de América Latina y el Caribe cuenta con una población de 597 millones de personas y, aunque produce alimentos suficientes para abastecer al menos a cerca de 750 millones, aproximadamente 50 millones de personas vivien en situación de hambre. Se trata, según el Parlatino, de un tema más político que técnico.
Frente a esta situación, Parlatino ha aprobado el primer marco legislativo que reconoce el derecho a la alimentación desde una esfera supranacional, dándole así mayor fuerza en la región a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y reflejando la convicción y el compromiso político que existe en la región y en sus parlamentarios por fortalecer el desarrollo institucional de la lucha contra el hambre, dotándola de un marco legal que permita construir políticas de Estado en materia de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional que contribuyan a la realización del derecho a la alimentación.
El término ley marco se refiere a un mecanismo legislativo empleado para abordar cuestiones multisectoriales; la legislación marco establece los principios y obligaciones generales y delega en las normas de ejecución y las autoridades competentes la función de definir las medidas específicas que se adoptarán para dar plena efectividad a dichas obligaciones, generalmente dentro de un determinado período de tiempo. Una ley marco para el derecho a la alimentación puede ofrecer una definición precisa del alcance y contenido de este derecho humano y establecer las obligaciones de las autoridades del Estado y el sector privado, así como los mecanismos institucionales necesarios y proporcionar las bases jurídicas para la legislación subsidiaria y otras medidas necesarias que deberán adoptar las autoridades competentes.
Por otro lado, hay una nueva propuesta de ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, por el Derecho a la Alimentación en la República Dominicana, propuesta por más de 60 parlamentarios. El proceso se inició en el primer semestre del año 2011, cuando el Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, conformado por los Ministerios de Agricultura y Salud, así como el Frente Parlamentario Contra el Hambre y con el acompañamiento técnico de la FAO, PMA, OPS y PNUD iniciaron la realización de 8 Foros Regionales, en los que participaron varios cientos de personas relacionadas con el tema de alimentación exponiendo sus puntos de vista sobre cómo debería ser la legislación. También se realizó un estudio comparativo de buenas prácticas y marcos legales existente en Latinoamérica. A partir de ello, se elaboró el borrador de la ley, que posteriormente fue sometido a consulta, tanto virtual como presencial, en la que participaron 74 organizaciones de 25 provincias.
La propuesta de ley se orienta a establecer el marco institucional para la elaboración y desarrollo de las políticas de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumentos para respetar, proteger y ejercer el derecho a una alimentación adecuada en conformidad con los principios de los derechos humanos. La diputada nacional Guadalupe Valdez, miembro del Frente parlamentario contr el hambre y muy implicada en este proceso, señaló que este proyecto es fruto de una amplio consenso entre legisladores, técnicos, funcionarios de diversas Secretarías de Estado, organizaciones sociales y comunitarias, productores agropecuarios y diversos colectivos relacionados con la producción, manejo y control de alimentos.Consulta el texto de la ley marco latinoamericana
