El Observatorio del Derecho a la Alimentación en España (ODA-E) va caminando con paso decidido hacia su presentación oficial el próximo otoño. Se trata de una red académica multidisciplinar cuya finalidad es incentivar la investigación interinstitucional, el conocimiento, el intercambio de información y experiencias que apoyen procesos políticos y sociales tendentes a garantizar el derecho a la alimentación para todas las personas de forma sostenible y saludable. Prosalus, como organización de la sociedad civil, es organización colaboradora de este observatorio universitario.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla acogió el primer encuentro científico de trabajo: “Contribuciones para hacer más efectivo el derecho a la alimentación”, que reunió a un buen número de docentes universitarios de varias universidades españolas, así como de personas expertas de diversos ámbitos académicos y sociales.
Las contribuciones que se aportaron para hacer más efectivo el derecho a la alimentación se situaron en diferentes esferas, desde los avances/retrocesos en la justicia alimentaria hasta los desiertos alimentarios, pasando por el análisis de los sistemas agroalimentarios, la necesidad del reconocimiento expreso del derecho a la alimentación en España, la relación entre la salud y la malnutrición especialmente para las mujeres, la “consumocracia”, el acaparamiento de tierras por empresas multinacionales, la violación del derecho a la alimentación por empresas nacionales o la experiencia del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina.
Todas las personas que presentaron sus ponencias, si bien procedían de sectores muy diversos, coincidieron en calificar de inaceptable el hecho de que, actualmente, una tercera parte de la producción mundial de alimentos acaba en la basura a lo largo de toda la cadena alimentaria, lo que demuestra la ineficiencia del actual sistema alimentario, a todas luces insostenible, y hubo consenso en la necesidad de buscar las causas profundas de la grave enfermedad de este sistema alimentario; del papel fundamental de la agricultura de proximidad y del fortalecimiento de sistemas agroalimentarios basados en la agroecología; del poder de la ciudadanía como agente consumidor y que el hecho de comprar uno u otro producto es una forma de participación política; de la necesidad de fortalecer la justiciabilidad del derecho a la alimentación, incorporándolo a las legislaciones nacionales y, concretamente en España, a nuestra Constitución, porque se trata de un derecho que afecta a otros derechos humanos.