Los sistemas alimentarios son básicos para la vida, pero no están consiguiendo su objetivo de alimentar adecuadamente a casi 8.000 millones de personas, ya que 2.000 millones padecen alguna forma de malnutrición. Y, al mismo tiempo, están generando daños ambientales y de salud pública (costes sociales) muy singificativos: contaminación de agua y aire, emisiones de GEI, sobreexplotación de acuíferos, pérdida de biodiversidad, enfermedades zoonóticas, resistencia a antibióticos, degradación de las tierras, incremento de enfermedades relacionadas con la alimentación o con la exposición a pesticidas químicos.
Aunque estos costes sociales no están incluidos en los precios de venta de los alimentos, la sociedad los está pagando o los tendrá que pagar en el futuro de otras formas.
En este informe de políticas, el equipo de investigadores del IFPRI hace un cálculo estimativo sobre estos costes sociales y, señalando que no todos los costes están incluídos en su cálculo, establecen que, por cada dólar de valor generado en el sistema alimentario se generan unos costes sociales de 0,75 dólares. Esto implica que, en la actualidad, los costes sociales derivados de la alimentación ascienden a unos seis billones de dólares. Llaman la atención sobre la necesidad de hacer mediciones y seguimiento adecuado a estos costes sociales.
Debido a que los costos sociales de los alimentos traspasan fronteras y generaciones, es responsabilidad de la gobernanza internacional abordarlos mediante políticas. El aire, el agua, la biodiversidad, la eficacia de los antibióticos y las contribuciones de las personas a la humanidad gracias a su salud se encuentran entre los bienes públicos internacionales e intergeneracionales afectados por nuestros sistemas alimentarios. La coordinación internacional de muchas políticas es importante para garantizar cierta equidad y que un problema no se traslade simplemente a otro país.
Para abordar el desafío del costo real de los alimentos, los investigadores del IFPRI piden al G20 que ejerza un papel de liderazgo de cara a medir el costo real de los alimentos, coordinar la reforma de las políticas nocivas y establecer la agenda para la introducción de políticas beneficiosas.