El pasado mes de abril, tras años de arduas negociaciones, los Estados miembros de Naciones Unidas elaboraron el texto del Protocolo Facultativo al pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Gobierno de España ha participado activamente en el grupo de trabajo creado a tal efecto, a través de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El grupo de trabajo surgió a raíz de las indicaciones surgidas en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) y ha contado con la participación de un buen número de organizaciones de la sociedad civil.
Queda pendiente la aprobación formal del documento por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, por último, de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se convierta en un instrumento jurídicamente vinculante.
¿Qué es un protocolo facultativo? Según Naciones Unidas, es un instrumento que permite a las personas dirigirse directamente a un comité internacional ante el supuesto incumplimiento, en este caso, de derechos económicos, sociales y culturales, por un Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Para ello, el Estado deberá ser parte, también, del protocolo facultativo. Este mecanismo se llama procedimiento de comunicaciones. Asimismo, el protocolo facultativo permite que un comité internacional escuche las quejas de un Estado parte del PIDESC contra otro Estado parte. Este es el llamado mecanismo inter-estatal. Igualmente, el protocolo facultativo permite que un comité internacional lleve a cabo investigaciones ante supuestas violaciones graves o sistemáticas de los derechos económicos, sociales y culturales.
Dichos derechos, entre los que se encuentra el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua
son derechos humanos, es decir, universales, inviolables e inalienables y los Estados deben proteger, respetar y garantizar, al igual que los derechos civiles y políticos, los cuales cuentan con un protocolo facultativo, aprobado hace más de 30 años.
Cabe destacar que el texto elaborado del Protocolo Facultativo recoge la responsabilidad subsidiaria de los Estados parte del PIDESC, a través de la cooperación internacional, cuando otro Estado no pueda satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales: Cada Estado parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas, individualmente y por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente de carácter económico y técnico, hasta el máximo de recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto por todos los medios apropiados, en particular la adopción de medidas legislativas.
El hecho de tener ya el texto del Protocolo Facultativo es una buena noticia, un paso más para lograr el reconocimiento efectivo y la defensa de los derechos humanos, en particular, los derechos económicos, sociales y culturales. Esperamos y deseamos contar este año con la aprobación definitiva del Protocolo Facultativo por parte de la Asamblea General de la ONU.