A través de una “Carta abierta contra el hambre”, un conjunto de asociaciones, la mayoría grupos vecinales de los distintos barrios de Madrid, exigen que se destine parte del presupuesto anual de los ayuntamientos de la región a garantizar el derecho a la alimentación de todos/as los/as ciudadanos/as de Madrid.
La cobertura pública que se ofrece en Madrid es insuficiente para lograr la calidad de vida de toda su ciudadanía. Madrid es actualmente una de las capitales más pobres de Europa. El 13,4 % de la población madrileña se encuentra en situación de riesgo de pobreza (un tercio de estas personas está en situación de pobreza extrema). Los recortes en políticas públicas a consecuencia de la crisis económica están suponiendo que un gran número personas no puedan cubrir sus necesidades básicas, que no puedan alimentarse de forma adecuada.
La consecuencia de esta situación se traduce en comedores sociales abarrotados y en un reparto de comida masivo. Y aunque muchas personas, gracias a estos recursos, puedan alimentarse, estas medidas no aseguran la cobertura de todas las personas que lo necesitan, ni la regularidad de la alimentación y tampoco la dignidad. Los alimentos que se dan sólo cubren un cuarto de las necesidades energéticas de cada persona y no suponen la adquisición de los nutrientes necesarios para gozar de una alimentación sana. La cobertura social en Madrid es escasa. Diferentes ONG y cientos de voluntarios intentan paliar cada día esta situación, pero esta realidad es responsabilidad de las administraciones públicas y por ello debe ser abordada desde éstas. Las políticas deben centrarse en proteger a sus ciudadanos/as y sus derechos; este problema no es inevitable pero para ello es necesario voluntad política.
El ayuntamiento de Madrid dispone de un presupuesto total para este año de 4.388 M€. Este grupo de asociaciones solicitan que el 1,8% de ese total se destine a permitir que todas las personas que viven en Madrid puedan comer de forma justa y sana. Estas asociaciones han calculado a través de los datos actuales que se necesita ese porcentaje (equivalente a 78,5 millones de euros) para cubrir las necesidades alimentarias de las 106.000 personas que lo necesitan.
A través de su Carta abierta contra el hambre las diferentes asociaciones que la firman exigen de forma inmediata que se dé una dotación presupuestaria suficiente para la compra de alimentos para la población más vulnerable, reforzando la cobertura que ofrecen los Servicios Sociales de la comunidad de Madrid; una reposición urgente de las becas de comedor; garantizar el servicio de comedor a los menores que realicen actividades extraescolares durante el periodo vacacional y exigir el cumplimiento del plazo máximo legal del derecho a la Renta Mínima de Inserción para las familias que cumplan los requisitos. A corto plazo exigen que el reparto de alimentos se haga de forma más ágil y digna y que los centros de reparto de alimentos cuenten con la participación de los afectados.
Las asociaciones firmantes aseguran que la solidaridad con los más vulnerables debe tener trascendencia política y convertirse en una reivindicación política, olvidando el paternalismo y el asistencialismo y asumiendo esta reivindicación desde una perspectiva de justicia.