El desarrollo inclusivo y sostenible debe garantizar los derechos de las mujeres rurales, poniendo en relieve su papel como agentes claves y reconociendo plenamente el valor económico del trabajo remunerado y no remunerado. Ante la discriminación histórica y estructural que sufren las mujeres rurales, el logro de la igualdad demanda una protección diferenciada.
Conforme expresa el Comité-CEDAW, los Estados partes deberían adoptar leyes, políticas, normativas, programas, procedimientos administrativos y estructuras institucionales eficaces para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres rurales, con miras a garantizarles el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en pie de igualdad con los hombres.
Este estudio identifica el estado actual de la legislación, las políticas y la institucionalidad que existe para la garantía específica de los derechos de las mujeres rurales en 11 países de América Latina que cuentan con Frentes Parlamentarios contra el Hambre: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Honduras y Nicaragua.
En su primera parte, se caracteriza la situación de las mujeres rurales en América Latina y se presenta el marco normativo internacional vinculado al reconocimiento de sus derechos. En la segunda parte, expone los avances en la protección de los derechos de las mujeres rurales en los 11 países estudiados. Se analizan las leyes y planes específicos adoptados para proteger y promover los derechos de las mujeres rurales. Luego, presenta la legislación y las políticas existentes para proteger y hacer efectivos los derechos de las mujeres rurales en temas de recursos y servicios productivos y a la participación. Para terminar, aborda los programas creados en el contexto de la pandemia COVID-19 y su relación con las mujeres rurales.