La respuesta a la malnutrición se debe basar en el reconocimiento del derecho humano a la alimentación

Un informe de la relatora especial sobre el derecho a la alimentación evalúa la situación del hambre y la malnutrición a nivel mundial
Hilal ELver, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación

La relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación dedicó su informe  a la Asamblea General al tema de “Malnutrición y Derecho a la Alimentación”. En este informe se analiza la situación de la malnutrición a nivel mundial. La malnutrición se presenta de diferentes maneras: la subalimentación afecta a 800 millones de personas, la carencia de micronutrientes (hambre oculta) afecta a más de 2.000 millones de personas y la obesidad a 600 millones. Diferentes formas de malnutrición que coexisten en la mayoría en los  países.

Las causas del hambre son complejas y multidimensionales, por ello las soluciones deben tener un enfoque también multidimensional. Las causas se ven afectadas por determinantes sociales, económicos, políticos y culturales como la pobreza o la desigualdad de género, que deben tomarse en cuenta.

En la actualidad el sistema alimentario está dominado por el sector industrial, cuyos efectos en la nutrición y la salud pública son alarmantes. La alimentación basada en alimentos muy procesados, que promueve este tipo de industria, contribuye a la aparición de enfermedades no transmisibles y a hábitos poco saludables. La respuesta a la malnutrición se debe basar en el reconocimiento del derecho humano a la alimentación y no debe ser responsabilidad del sector privado, porque la nutrición no debe ser objeto de influencias empresariales negativas. Por ello, los Estados deben desarrollar medidas para regular la industria alimentaria y mejorar el acceso a alimentos mediante la protección social. A través de su función regulatoria del sistema alimentario, el Estado debe proteger el derecho a la alimentación frente al impacto negativo del mercado y la industria alimentaria, garantizando que la industria no infrinja el derecho a la alimentación, aunque es muy probable que la industria se resista.

Es necesario regular también la acción de las fundaciones benéficas que cada vez invierten más en nutrición. Sus acciones deben respetar los derechos humanos. A algunas fundaciones se les ha acusado de trabajar de acuerdo a sus propios intereses para abrir nuevos mercados, por lo tanto es primordial también poner en marcha un mecanismo de evaluación eficaz.

La mayoría de los alimentos del mundo son suministrados por agricultores locales, por lo que las iniciativas deben respaldar a los pequeños agricultores y promover la producción que tenga en cuenta la nutrición. Y se debe tener en cuenta a los sectores más vulnerables, como a los niños/as y mujeres.

Para regular los sistemas alimentarios actuales, la comunidad internacional ha puesto en marcha iniciativas para luchar contra la malnutrición. El Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, proclamado en abril de 2016, es una oportunidad de dar una respuesta coherente, inclusiva y transparente a la malnutrición acorde con los derechos humanos. Se debe fomentar que las políticas sean acordes al bien público; para ello se deberá empoderar a la sociedad civil.

Al final del documento la relatora especial envía una serie de recomendaciones; los Estados Miembros deberían  acoger el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición como una oportunidad para alcanzar objetivos ambiciosos sobre nutrición y velar por el derecho de todas las personas a una alimentación y una nutrición adecuadas, especialmente de quienes más lo necesiten.