Después de muchos años de perseguirlo, en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas podría producirse la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesSi alguien lo priva a usted injustamente de su libertad, o si le impiden circular por el territorio de su país, o si invaden su intimidad, o si le impiden emitir sus opiniones o tener unas determinadas creencias religiosas o reunirse pacíficamente con otras personas
usted tiene no sólo la posibilidad sino el derecho de reclamar ante los tribunales que le sean respetadas estas libertades, que son derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDDHH) y desarrolladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Para la aplicación de este Pacto se estableció un Protocolo para dotar de fuerza jurídica a la defensa de estos derechos. Todos los Estados firmantes del PIDCP tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar estos derechos de sus ciudadanos; en casi todo el mundo existen mecanismos adecuados para la defensa efectiva de estos derechos, que los hacen directa e individualmente reivindicables.
Sin embargo existen otros derechos tan humanos, tan universales, tan inviolables y tan inalienables como los anteriores, que no tienen esos niveles de protección. Son los derechos económicos, sociales y culturales, también reconocidos en la DUDDHH y recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este pacto establece con carácter general un criterio de efectividad progresiva de estos derechos, de manera que los Estados firmantes asumieron solamente un compromiso de ir incrementando progresivamente su efectividad, debiendo tener una trayectoria activa en la adopción de medidas y teniendo como límite la disponibilidad de recursos. Y ello porque se entendía que la garantía de derechos como la educación, la salud, la vivienda o el trabajo, supondría la inversión de cuantiosos recursos.
No se estableció para el PIDESC un Protocolo similar al que sirve de respaldo jurídico para la defensa de los derechos civiles y políticos, sino que el único control establecido en el Pacto, se reduce a la presentación de informes periódicos por parte de los Estados a Naciones Unidas. Durante mucho tiempo se demandó desde diferentes sectores la necesidad de este instrumento jurídico, en el que se ha trabajado de forma más intensa en los últimos diez años. Finalmente, el pasado 10 de diciembre, el mismo día que se celebraba el 60 aniversario de la proclamación de la DUDDHH, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Una vez entre en vigor, el Protocolo Facultativo hará posible que personas, grupos u organizaciones se presenten en su propio nombre para buscar justicia en el ámbito internacional respecto de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales por medio de la presentación de reclamaciones frente al Comité de la ONU sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que corregirá un desequilibrio que existe desde hace mucho tiempo en la protección de los diferentes derechos humanos.
El próximo 24 de septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se espera que se produzca la ratificación de este Protocolo Facultativo por un número suficiente de Estados como para que pueda entrar en vigor (para ello se requiere al menos la ratificación de 10 Estados). España es uno de los pocos países que ya han confirmado su voluntad de ratificar el Protocolo.Accede a la campaña de apoyo que desarrollan organizaciones de sociedad civil